Áurea Gutiérrez: «La multa del juez al Alcalde la tiene que pagar la oposición»

Candás,

Braulio FERNÁNDEZ

La multa que un juez de Gijón ha impuesto al alcalde de Carreño, el socialista Ángel Riego, por no ejecutar una sentencia en la que se ordena el derribo de la cubierta de una casa del Camino del Faro en Candás debería pagarla la oposición (IU, UICA, URAS y UNA), según la teniente de alcalde del Ayuntamiento de Carreño, Áurea Gutiérrez.

Esos fueron los partidos que aprobaron en 2003 un recurso de los propietarios de la casa para no demoler parcialmente el edificio, como habían propuesto los técnicos municipales, y como sostuvo el PSOE, que se quedó solo al votar a favor de la demolición. Los socialistas gobernaban en octubre de 2003 en minoría, sin IU, y tan sólo el PP apoyó su postura de respaldar la opinión de los técnicos, que decían que la altura de la casa era ilegal, aunque finalmente no acudieron a la votación.

«Habría que empezar por decir que las licencias no las da y las quita el Alcalde, sino que lo hace la Junta de Gobierno», explicó Gutiérrez, saliendo al paso de las críticas de la oposición, que reclama que el propio Ángel Riego pague la multa que el tribunal de lo contencioso-administrativo le impuso el pasado mes de junio a título personal. Hasta el momento, la sanción (de 400 euros al mes hasta ejecutar la sentencia) la ha pagado el Ayuntamiento.

«La multa es injusta», clamó la teniente de alcalde, que señaló como ya en 2003 su partido apostó por seguir los consejos de los técnicos municipales e ilegalizar la obra realizada en el número 5 del Camino del Faro de Candás. Los trabajos realizados para levantar la casa no se ajustaban al proyecto inicialmente aprobado, en el año 2000, y excedieron las alturas permitidas. Por ello, el 7 de octubre de 2003, se planteó en una Comisión de Urbanismo ilegalizar la obra y ordenar su derribo parcial. Sin embargo, sólo el PSOE y el PP siguieron a los técnicos. IU, que entonces estaba en la oposición, UICA, URAS y UNA, entonces Andecha Astur, votaron a favor de que se mantuviese la altura de la vivienda, eximiendo a los propietarios de realizar la reducción de altura planteada por los técnicos, según consta en el acta de la sesión.

Posteriormente, el 16 de octubre, la Junta de Gobierno votó en contra de la ilegalización de la vivienda. El PSOE contaba con el apoyo del PP para ordenar el derribo que seis años después han exigido los tribunales, pero los conservadores se ausentaron de la sesión y la oposición ganó la votación, permitiendo que la altura de la casa permaneciese inalterada.

Por ese motivo, Áurea Gutiérrez se mostró tajante: «La multa la deberían pagar IU, UICA, URAS y UNA, que fueron quienes decidieron con sus votos que no había que efectuar la demolición. Con todos los respetos hacia el juez, no es justo que la responsabilidad de los actos de unos, los paguen otros».

Respecto a las dificultades para encontrar una empresa que lleve a cabo la demolición de la cubierta (cinco rechazaron el proyecto), la edil aseguró que en cuanto se haga el contrato, se ejecutará el fallo.