Perlora,
Braulio FERNÁNDEZ
El plazo de dos años que las empresas adjudicatarias de la explotación de la Ciudad de Vacaciones de Perlora tenían para obtener licencia de obras expiró ayer sin que dicho trámite se haya consumado. Esta situación deja en el aire la ejecución del proyecto.
Para continuar con el mismo, la sociedad anónima que ha obtenido la concesión de la ciudad residencial por los próximos 50 años deberá aportar, en el plazo de un mes a contar desde ayer, una inversión inicial mínima de 4,1 millones de euros y tendrá que formalizar el derecho de superficie, todo ello sin saber si contará con la licencia de obra pertinente para llevar adelante la iniciativa, que representa una inversión de 83 millones de euros.
La Consejería de Economía del Principado, que ayer declinó hacer valoraciones sobre la situación que se plantea ahora en Perlora, fue la que, en 2008, eximió a las adjudicatarias de realizar cualquier inversión hasta transcurrido un plazo de dos años. La resolución del 15 de abril de 2008 especifica que se suspende «parcial y temporalmente, hasta la aprobación del PERI, y en todo caso, por el plazo máximo de dos años, la ejecución de los aspectos del contrato de explotación referidos a la aportación de capital por parte de las empresas, la garantía, y el derecho de superficie para la explotación del inmueble».
La justificación ofrecida entonces para dicha moratoria fue la «complejidad» que conllevaba sacar adelante un plan de reforma de la finca, paso previo para obtener la licencia de obras, debido a que ello requería la intermediación del Ayuntamiento de Carreño. Pero ni siquiera ese «plazo máximo de dos años» ha sido suficiente.
No existe ningún otro plazo o, al menos, no se tiene constancia del mismo en el Ayuntamiento, según aclararon ayer fuentes del gobierno municipal. Según las condiciones acordadas en 2008, una vez se concrete la escritura pública del derecho de superficie y se aporte la primera inversión, se abrirá un período de seis meses a cuyo término deberán haberse iniciado las obras.
Según comentaron ayer fuentes municipales, será «difícil» que las adjudicatarias obtengan la licencia en ese plazo máximo de seis meses entre la firma del derecho de superficie y el comienzo de las obras. Y es que la tramitación del plan de reforma que necesitan para conseguirla tiene una duración media, precisamente, de seis meses.
El gobierno local, del PSOE, asegura, no obstante, que el proyecto sigue en marcha y que las empresas trabajan para obtener la licencia. Ni las empresas ni el Principado han confirmado este supuesto.
