Candás,
Braulio FERNÁNDEZ
El nuevo planeamiento urbanístico de Carreño, que acaba de concluir su período de exposición pública, puede acabar en los tribunales, según el PP local. Los populares carreñenses opinan que el documento aprobado inicialmente por el equipo de gobierno contiene serios desequilibrios en la capacidad de construcción y urbanización de las fincas, con lo que auguran una gran cantidad de recursos vecinales.
Con carácter general se establece que de una finca puede aprovecharse un 90 por ciento para construir, dejando el 10 por ciento restante para urbanizar, pero el PP denuncia que con este plan urbano se producen desequilibrios importantes. Es decir, que mientras un propietario puede emplear la mayor parte de su finca a construir una casa, el de la finca adyacente se ve obligado a utilizar la mayor parte del espacio para crear viales o parques públicos, a su cargo.
Esta situación expone al nuevo Plan General de Ordenación de Carreño, según apuntan desde el partido de la oposición, a que los vecinos puedan recurrir esa desigualdad en los tribunales. Hablan desde el PP de que el nuevo PGOU «es claramente contrario al principio de equidad, pues de forma injustificada se reduce o eleva sobremanera el porcentaje de cargas exigidas a los propietarios». Este hecho «no es sólo contrario a los derechos de los particulares, sino que perjudica gravemente el propio desarrollo urbanístico del concejo, pues convierte en inviables numerosas unidades de actuación», sostienen los populares en su bloque de alegaciones al planeamiento del gobierno.
En casos concretos, como el de la parroquia de Perlora, el nuevo Plan General señala cómo en algunas fincas los propietarios pueden obtener beneficio de hasta el 80 por ciento del terreno, teniendo que urbanizar a su cargo el resto, mientras que en otras adyacentes, el porcentaje de cargas aumenta hasta el 60 por ciento. Estas cargas se derivan de la obligación de urbanizar en la zona mediante la construcción de viales, aceras o incluso áreas de recreo, recayendo el coste de las mismas en los propietarios.
Desde el PP también se plantea una solución urbanística a la escasez de aparcamientos en Candás. Su apuesta pasa por modificar las unidades de actuación, permitiendo que aumente su edificabilidad, a cambio de que se genere suelo subterráneo para aparcamientos y garajes públicos. Además, los populares hacen referencia expresa al caso de los terrenos que se liberan con la desaparición de la fábrica de conservas de Albo, y que según sus alegaciones deberían albergar la construcción de un parking público subterráneo. La postura del PP es similar a la de la Asociación de Vecinos de Candás, si bien en este caso se hablaba de un aparcamiento en superficie.
