Candás,
Braulio FERNÁNDEZ
Once años han pasado desde que el gobierno de Carreño aprobó en pleno el reglamento de régimen interno de la Escuela de Música, desde mayo de 2001 hasta ahora, cuando, con su publicación en el «Boletín Oficial del Principado de Asturias» (BOPA), el documento que rige el centro educativo ha adquirido valor legal.
Once años para tramitar la aprobación debido a un error administrativo, según el gobierno local, aunque algunos partidos consideran sospechoso que este paso se dé junto un mes después de que la oposición municipal, con mayoría en el Pleno, aprobase la inclusión de todos los partidos en el Consejo escolar del centro.
«Primero queremos saber por qué se ha tardado diez años en aprobar el reglamento», señalaba ayer el portavoz del Partido Popular, José Ramón Fernández. Podría ser «una negligencia», comenta Fernández, quien también plantea que se debe «estudiar si es legal una publicación con más de una década de retraso». De hecho, considera que si los argumentos presentados por el gobierno local para justificar ese retraso no fueran suficientes, su partido apostaría por «la interposición de un recurso».
Y es que, en el fondo de la cuestión, subyace la polémica por la inclusión de más partidos en el Consejo escolar del centro, que hasta ahora solo tenía representantes del PSOE. Una medida que se aprobó en noviembre. «Creemos que la publicación está hecha con intención, justo después de que se aprobara la inclusión de la oposición en el consejo escolar», añade el edil. A este respecto, un asunto que preocupa a los populares es el nombramiento del director de la escuela, que, según el reglamento, debe ser realizado por el pleno. En la última década, el pleno no ha aprobado ninguno, al encargarse el gobierno directamente de ello.
Otro de los más críticos con el nuevo y retrasado documento es el portavoz de UICA, Ramón Artime, quien no duda en calificar al alcalde de Carreño, Ángel Riego, de «cacique», por el modo en que se ha aprobado el reglamento. «No respeta las decisiones del pleno y esto sólo es una cacicada más». El reglamento ha estado «congelado» una década, en su opinión «por interés del gobierno, y se pone en vigor cuando la decisión democrática del pleno lo cambia».
