Pola de Siero,
Manuel NOVAL MORO
La oposición de Siero cree que se debería rehabilitar con la mayor premura posible el palacio de Celles, ya que todos los partidos coinciden en que se trata de un edificio de gran valor histórico y artístico. Sin embargo, reconocen que no es fácil debido a la actual situación económica y a que se trata de una propiedad privada. Así responde al alcalde, el socialista Guillermo Martínez, que exigió al Principado que aclare sus planes para el monumento.
El portavoz de Foro Asturias destaca la buena disposición de la Consejería y sostiene que «por fin tenemos un consejero sensibilizado con la conservación del patrimonio». Martínez Llosa espera «que no sea demasiado tarde, dado que la responsabilidad hasta ahora, tanto por parte del Principado como del Ayuntamiento, se puede decir a la vista de los resultados que fue nula».
El edil subraya que estudios recientes han constatado la existencia de edificaciones dentro del propio palacio, «que se llevaron a cabo sin ningún control por parte de este Ayuntamiento, de quien es competencia la vigilancia de tales actuaciones».
Por su parte, el concejal del PP expedientado Luis Vázquez apunta que «el Principado y el Ayuntamiento deberían actuar cuanto antes para evitar que se pierda lo poco que queda del palacio, porque, aunque no se puede concretar la fecha de un posible derrumbe, en la situación de total desprotección en la que se encuentra el grado de deterioro aumenta rápidamente con el paso del tiempo». Cree que, «convenientemente restaurado y acondicionado, podría convertirse en un establecimiento hostelero de primer nivel».
Por último, el portavoz de IU, Nicolás Fernández, cree que «hay que pedir al Principado que aplique las formas que están a su alcance para recuperar el edificio», aunque matiza que si en tiempos de bonanza económica no se pudo llegar a un acuerdo con la propiedad para recuperar el palacio, ahora será mucho más difícil con el asentamiento de la crisis. En cualquier caso, Fernández apunta que «la principal responsabilidad es de la propiedad» y también destaca las limitaciones de la legislación en materia de protección de los edificios, que permiten que sucedan casos como éste, en el que la Administración apenas puede actuar.
