18 de abril de 2013
18.04.2013

Los técnicos municipales discrepan sobre la duración de los vertidos en Guimarán

Urbanismo sostiene que los depósitos finalizaron en 2004 y Medio Ambiente los prolonga hasta 2010 l Ángel Riego declarará por escrito ante la comisión

18.04.2013 | 00:00
Ángel Riego.

Candás,


Braulio FERNÁNDEZ


Las versiones de los técnicos municipales sobre la duración de los vertidos ilegales en Guimarán se contradicen, según se ha puesto de relieve en la comisión de investigación abierta por el Ayuntamiento para depurar responsabilidades sobre por qué no se paralizó la actividad clandestina. Según la responsable de disciplina urbanística, los vertidos se interrumpieron en 2004, cuando la Administración local ya había iniciado la tramitación de las sanciones contra los responsables de los vertidos. Sin embargo, el informe de la técnica de Medio Ambiente señala que la actividad ilegal se prolongó hasta 2010.


Debido a la contradicción, la comisión de investigación solicitó ayer la comparecencia del responsable de esta última área de gestión, la de Medio Ambiente, para aclarar las diferencias de criterio entre ambos. El servicio de disciplina urbanística ya ha dado sus explicaciones a la comisión.


Durante una década, en la finca de Guimarán situada entre los barrios de La Rebollada y El Monte, ya en Logrezana, se vertieron más de 50.000 metros cúbicos de escombros, uralitas, vehículos y metales pesados. Una estimación del año 2002, por lo que se considera que la cantidad de basura almacenada es mucho mayor. Su restauración podría costar más de un millón de euros. El asunto es objeto de investigación por parte de la Fiscalía de Medio Ambiente.


La comisión de investigación abierta para determinar los fallos en la Administración local respecto a los vertidos escuchó ayer las declaraciones del secretario municipal, que admitió desconocer por qué no se dio traslado a los responsables judiciales de las infracciones de Guimarán, y de la que fuera teniente de alcalde durante buena parte de los años que duró el vertido, Áurea Gutiérrez, quien tampoco aportó datos que no se conocieran ya por el expediente.


En su intento por aclarar los motivos de la inacción administrativa para paralizar los vertidos, la comisión decidió ayer llamar no sólo a la responsable del servicio de Medio Ambiente, sino también al que fuera presidente de la Comisión de Urbanismo durante los primeros años del vertido, el socialista Norberto Folgueras, a día de hoy, la única persona que no ha comparecido ante los miembros de la comisión. Ya había sido llamado anteriormente, pero se excusó por motivos laborales. La comisión admitió la posibilidad de que su declaración se grabase en horario de tarde, para que no entre en conflicto con su horario laboral.


Y es que la comisión considera claves sus explicaciones, ya que Folgueras presidía la Comisión de Urbanismo que el 21 de junio de 2001 optó por dar traslado del expediente al Juzgado de lo penal, sin que con posterioridad se llevase a efecto la medida.


El otro punto de interés de la comisión de investigación celebrada ayer fue escuchar al alcalde de Carreño, Ángel Riego, a quien correspondía contestar a las preguntas de los integrantes de la comisión. Sin embargo, como ya había sucedido en una ocasión anterior con un ex concejal de IU, el Alcalde se limitó a escuchar las preguntas, pero no las contestó, señalando que lo haría por escrito una vez finalizase la comisión.


Lo que sí tuvo aclaración en el día de ayer fue el motivo por el que las pesquisas contra el administrador de la finca, J. L. G. C., y la empresa Contemax, responsable de gran parte de los vertidos hasta 2006, no comenzaron hasta el año 2001, a pesar de haber tenido lugar ya desde 1999. Según explicaron los técnicos de la Casa Consistorial, no fue hasta el año 2001 cuando se crea el servicio de disciplina urbanística, y a partir de entonces el Ayuntamiento tuvo capacidad para sancionar este tipo de actividades que transgreden e incumplen la normativa urbanística del Consistorio. Sin embargo, no se explicó por qué, una vez creado el servicio, las denuncias de los policías locales no derivaron en la consiguiente paralización de la actividad.


Varios técnicos municipales visitaron además la finca de Guimarán recientemente, según explicaron ayer en comisión, para comprobar el estado en que se encuentran los acopios de basura, que se estima que pueden poner en riesgo la seguridad del terreno.

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