Villaviciosa,

Mariola MENÉNDEZ

El trazado del saneamiento de Carda, Selorio y Tornón (Villaviciosa) sigue generando polémica con motivo del proceso de expropiaciones que ya se ha iniciado. Hay varios propietarios que están en desacuerdo y que consideran que debería modificarse el proyecto, pues sería más económico para las arcas regionales y beneficioso para los propietarios afectados.

Tatiana García es la letrada que defiende los derechos de uno de los expropiados. Su cliente posee terrenos en La Enciena, donde el Principado pretende instalar una de las estaciones de bombeo de aguas en una zona de servidumbre de protección, debido a su proximidad a la ría, que también está afectada por su cercanía a la carretera nacional.

La abogada agrega que, además, se proyecta construir la mencionada infraestructura en un terreno calificado urbanísticamente como núcleo rural, «con lo que los costes de expropiación se dispararán», pues el Principado debe pagarlos a 46,70 euros el metro cuadrado, destaca García. Por eso, si se desplazara el trazado unos 50 metros, la estación quedaría ubicada en zona rústica, lo que abarataría los costes, ya que la compensación económica es de 9,18 euros por metro cuadrado. Asimismo, tendría menos afección para el propietario. «Pero el servicio de Obras Hidráulicas, dependiente de la Consejería de Medio Ambiente, no está por la labor de cambiarlo», resalta la abogada. Algo que considera «una aberración», pues, según sostiene García, «el coste de desplazar la estación 50 metros compensa con creces los abultados costes de expropiación».

Para dar acceso a la estación de bombeo hay que expropiar también la entrada por un camino privado colindante. Otra razón de peso que defiende la letrada es que en tres informes de la Demarcación de Costas en Asturias se advierte de que instalar la estación de bombeo en el lugar previsto «incumple la ley» por ubicarse en servidumbre de protección, zona en la que se prohíbe acometer obras. Así que, de construírse ahí, podría terminar con una orden de demolición. A todo ello se suma que el Gobierno está modificando la Ley de Costas y el deslinde de esta margen de la ría debe repetirse por mandato judicial.