Los desalojados por el argayo del Fuxa desafían el precinto y retornan cuatro años después

El matrimonio desalojado de su casa por el desplome de la ladera del Monte Fuxa en Candás en 2013, Alicia Prendes y Antonio Vázquez, ha entrado en su vivienda cuatro años después. "Nadie nos prohíbe entrar", expresa Prendes, que junto a su marido se ha puesto a limpiar la casa con vistas a instalarse próximamente en la vivienda colindante con el paseo marítimo. Actualmente, siguen residiendo en un piso de alquiler.

Prendes decidió entrar a su casa, precintada, "en cumplimiento de una sentencia" de 2015. Esa decisión judicial, prosigue la afectada, establecía que los desprendimientos "procedían de un bien perteneciente a un tercero". "Eso deja sin efecto el desalojo, de ahí que hallamos entrado", abundó. Como consecuencia del argayu, el paseo marítimo de Candás se mantuvo cerrado durante un año por motivos de seguridad.

Dos años después de esa sentencia, el pasado mes de mayo, la familia solicitó una licencia municipal para retirar la tierra acumulada en el patio interior de su casa. "Y ahora el Ayuntamiento, deriva esa situación al Principado y afirma que la vivienda está afectada por el POLA, que ya no existe, por Costas y por Patrimonio. No sé si la alcaldesa, Amelia Fernández, actúa por desconocimiento o por mala fe, pero ni estábamos ni estamos en suelo afectado por el PES ni por Costas, somos parte del casco urbano", sentencia Alicia Prendes, que recrimina al gobierno que "aún no se ha puesto a buscar al tercero, es decir, al responsable de los desprendimientos".

Una cuestión que le ha llamado poderosamente la atención a la familia es que una de las razones dadas por el Consistorio para conceder la licencia es que "la zona se encuentra en el límite del entorno de un elemento perteneciente al patrimonio arqueológico". "¿Qué tengo, un tesoro debajo de casa?", ironiza Alicia Prendes. Esa autorización es clave para ejecutar la actuación solicitada, es decir, la retirada de las tierras de su propiedad.

Vista la situación, la pareja respira cuatro años después de haber sido desalojados. "Desde que no estamos aquí nos entraron a robar dos veces y nos dejaron la casa patas arriba. Intentaron entrar en una tercera ocasión, pero no lo consiguieron", señala la desalojada, que denuncia las trabas que le ha puesto el Ayuntamiento en los cuatro años de trámites. La familia solo espera que el Consistorio retire los carteles que aún permanecen e impedían la entrada.