La casa de los Vázquez Prendes en la calle Astillero ya está vacía. Poco después de las ocho de la mañana de ayer, un fuerte dispositivo policial acudió al domicilio en el paseo marítimo para desalojar las dos viviendas. Policía Local, Guardia Civil y dos furgonetas de cerrajeros acudieron al inmueble y avisaron a los habitantes que debían cumplir la orden del Ayuntamiento, justificada por la inseguridad que provoca el argayo en el monte Fuxa, situado justo detrás del inmueble, y avalada judicialmente. La operación levantó gran expectación entre los vecinos que a esa hora pasaban por la zona.

Con nervios, pero con cierta pausa, los inquilinos fueron sacando sus enseres para meterlos en un coche en dirección desconocida, ya que el gobierno municipal no les ofrecía ninguna opción alternativa, como indicaba el requerimiento judicial. Algún amigo les ofreció un local para los enseres.

La operación llevó aproximadamente dos horas, aunque en el interior de las viviendas quedaron cosas sin recoger, a la espera de saber dónde trasladarlas. Las fuerzas policiales comprobaron que no quedaba nadie dentro del edificio y procedieron a precintarlo. Quisieron hacer un registro, pero los propietarios no les permitieron grabar el interior, como pretendían. La buena mano de policías y guardias consiguió relajar una situación tensa, con las dos familias que viven en el inmueble en la calle y sin saber cuál era su destino.

El Ayuntamiento les indicó que acudieran a Servicios Sociales, pero allí no supieron qué hacer con ellos. Así, las dos familias acudieron a la Guardia Civil, que se puso en contacto con el Consistorio, y hacia las dos de la tarde, tras una mañana en la calle, ya se les dio la llave de dos pisos de propiedad municipal "en unas condiciones muy malas", aseguran los desalojados. "Hoy no vamos a poder dormir allí; hay que limpiar a fondo, el olor es insoportable". Uno de los pisos, según la familia desalojada, está sin amueblar, y el otro tiene colchones y enseres "en un estado indecente".

"Cumplir con el juez"

Gabriel Rodríguez, concejal de Urbanismo, asegura que "el Ayuntamiento cumple escrupulosamente lo establecido por el juez en el auto de fecha 28-03-2018, por el que se autoriza al Ayuntamiento a acceder a la mencionada vivienda" y que el interés del Consistorio es "garantizar la integridad física y la seguridad de los ocupantes".

En cuanto a la alternativa ofrecida a los habitantes del inmueble del paseo marítimo, el edil explica en una nota hecha pública por el Ayuntamiento que "con carácter excepcional y temporal, atendiendo a la urgencia de la situación, se le ha facilitado el acceso a dos viviendas de emergencia disponibles en el concejo".