"El peligro no se extiende a terceros". Así contestó ayer el Consejero de Infraestructuras, Fernando Lastra, a una pregunta que formuló el PP en la Junta General sobre la seguridad en el paseo marítimo de Candás, después del desalojo forzoso de la familia que vivía a los pies del argayo del monte Fuxa.
El titular de Infraestructuras explicó que los informes que tiene el Principado no advierten de riesgos para los usuarios, pese al citado desalojo de una vivienda que linda con la zona de tránsito. "Este desalojo se llevó a cabo para proteger la seguridad de los inquilinos y por una orden judicial", señaló Lastra.
El consejero defendió la actuación del Principado y del Ayuntamiento y señaló que no había dejación de funciones por parte de ninguna administración, como cree el PP. "El Ayuntamiento ha hecho su tarea y ha tomado sus decisiones", dijo. "Ha hecho lo correcto y nosotros también", subrayó.
La diputada del PP Carmen Pérez García de la Mata no se mostró conforme con las respuesta. De la Mata preguntó por qué no se cierra el paseo, como se hizo en 2013, y relacionó el desalojo de la vivienda con un potencial suceso por riesgo de argayos. "Si puede caer una roca sobre la casa, ¿por qué no sobre los peatones y vehículos que pasan por la zona, cuando la vivienda está a centímetros del paseo?", se preguntó.
El PP también recalcó que su grupo municipal envió el pasado 12 de abril un escrito advirtiendo de la peligrosidad y de las consecuencias de un potencial desprendimiento de tierra. "Pero en este asunto, las administraciones se pasan la pelota en materia de seguridad", señaló. De la Mata opina que hay "grave peligro" para aquellos que utilizan el paseo y relacionó lo que pasa en Candás con las decisiones políticas que se han tomado por la crisis catalana. "Esta vía está desde 2007 cedida al Ayuntamiento, pero la titularidad es del Principado y por ello no se puede lavar las manos; si vemos que algo no se cumple, el Principado debe actuar. En Cataluña hubo dejación de funciones y el gobierno central actuó. Aquí el Principado ve que el Ayuntamiento no cumple y debe tomar cartas en el asunto", señaló.
El consejero lamentó la comparación e insistió en el desalojo obedece a una decisión judicial: "Las sentencias no sé si son la verdad; sí son la verdad judicial", dijo.
