La defensa letrada de la alcaldesa de Teverga, María Amor Álvarez Ardura (IU), solicitó ayer en el Juzgado de Grado el archivo del litigio en el que está investigada por presunta prevaricación en relación al reparto del canon cinegético (dinero que compensa el uso de los montes para el ejercicio de la caza) entre las parroquias rurales del concejo en 2016. Un caso que comenzó con la denuncia de Taja, que fue admitida por la Fiscalía del Principado de Asturias y que ahora instruye el Juzgado moscón.

Álvarez Ardura acudió ayer a la sede judicial a declarar y su abogado, Gonzalo Botas González, señaló que van a aportar documentación y pedirán el archivo de la causa. "Entendemos que no hay responsabilidad penal, a lo sumo un expediente de reintegro por alcance de la jurisdicción contable en el Tribunal de Cuentas". Según detalló, el acuerdo de reparto de subvenciones "viene del Alcalde anterior y de un pleno de 2013, que la actual Alcaldesa se limita a cumplir". Además, indica que, de haber un reintegro de las cuotas, "no es querido políticamente, pero deriva de la reclamación de Taja y va a provocar que todas las parroquias rurales se vean privadas de los fondos que deberían ser suyos".

Los hechos se remontan a diciembre de 2016, cuando se hizo el reparto del canon cinegético, 23.000 euros, entre las cuatro parroquias rurales de Teverga. Taja se quejó de que el Ayuntamiento sólo tuvo en cuenta las hectáreas de monte de utilidad pública en vez de las hectáreas totales, como se había hecho en años anteriores a través del Principado de Asturias.

Ese fue el detonante de la denuncia, que fue admitida por la Fiscalía, cuyo escrito de denuncia señala un "trato de favor hacia la parroquia de Páramo, que percibe un importe superior al que le correspondería por la aplicación de los criterios de superficie y opacidad sin permitir el acceso a la documentación administrativa ni cumplir con lo dispuesto en la ley de Transparencia". Añade que todo podría "constituir delitos de prevaricación, tráfico de influencias y/o malversación de fondos".

Por su parte, los tres miembros de la parroquia rural de Taja acudieron el pasado 30 de octubre al Juzgado, donde ratificaron la denuncia. Además, insisten en solicitar la dimisión de la regidora por esta causa.