La gasolinera de Ullaga, a la salida de Pola de Siero, cerrará el día 28. Es el plazo que el Ayuntamiento ha dado a sus propietarios para cesar la actividad, después de que los jueces, en varios procesos, anulasen las licencias del restaurante y cafetería y no dieran el visto bueno a los accesos. Pero el cierre afecta a todas las instalaciones.

No obstante, sus dueños no están dispuestos a quedarse de brazos cruzados. Presentarán un proyecto de legalización de la estación de servicio, sin incluir el establecimiento de hostería, explican. Además, entregarán en el Ayuntamiento el proyecto requerido de derribo, pero con la esperanza de que no tengan que derruir las instalaciones. Pero también trabajan en dos auditorías para determinar la reclamación patrimonial que le harán al Consistorio, que calculan en millones de euros, porque estimarán el perjuicio causado teniendo en cuenta la vida útil de esta estación de servicio. "Costó mucho dinero construir todo esto", resaltan los propietarios. Por lo que creen que "valdría más tratar de arreglarlo", como se intentó con el plan especial que aprobó recientemente el equipo de Gobierno.

Los dueños explican que se inauguró en junio de 2016 con las licencias preceptivas de obra y actividad, pero tras la denuncia de un particular fueron anuladas judicialmente las correspondientes a la cafetería. También hubo otro proceso judicial por los accesos. El Ayuntamiento, con la intención de regular la situación, aprobó un plan especial y volvieron a conceder las licencias, pero los magistrados tampoco dieron el visto bueno. Estas últimas permisos supusieron a los propietarios un desembolso de 66.000 euros, apuntan. El equipo de Gobierno tuvo que ordenar la ejecución de las sentencias decretando el cierre no sólo del bar, también de la gasolinera. Les daban de plazo hasta el 28 de febrero, día en el que cesarán la actividad. No obstante, están pendientes de revolver las apelaciones presentadas en el Tribunal Superior de Justicia de Asturias y hasta el día 27 tienen de plazo para recurrir otro litigio pendiente.

El cierre de la estación de servicio no sólo tiene un coste económico para sus dueños, también laboral. Los seis trabajadores fijos, de un centro especial de empleo, se quedarán en la calle. Además, en la cafetería hay otros siete empleados. Destacan que son los puestos de trabajo directos que crea la estación de servicio, pero también genera actividad económica en la zona. Por lo que lucharán por "tratar de legalizar lo que sea posible", insisten, pues, además, de conseguirlo, el "Ayuntamiento se puede ahorrar un montón de dinero".