Las consejerías de Educación e Infraestructuras defienden que se ha hecho una gestión usual en el caso de los tres jóvenes de un pueblo de Siero a los que el autobús no va a buscar allí para llevarlos a los institutos de la Pola. Educación apunta que le da una ayuda a la familia del joven que la ha solicitado y que esta se rige por los baremos estipulados, de 59 céntimos por kilómetro. Esto hace un total de 581 euros, con 11 céntimos, anuales, mientras la madre está asumiendo un coste diario, por trayecto, de 16 euros. En todo caso, la Consejería recuerda que cabe margen a recurso y que este ya se ha interpuesto.

Dos de las tres madres afectadas por la situación en la misma localidad denunciaron, ayer, que esta situación se viene prolongando durante todo el año. Ellas esperaban que el autobús llegara al pueblo y se encontraron con la sorpresa de que no, según apuntan, "por negativa de la empresa Hortal".

Sin embargo, las rutas las marca la Confederación de Transporte de Asturias (CTA), que toma en consideración cuestiones de seguridad, volumen de usuarios y otros factores.

Una vez la posibilidad de que el transporte llegue a la localidad de Villanueva -en la parroquia de Vega de Poja- está descartado, en las reuniones que mantuvieron con los padres, la CTA les planteó la posibilidad de acogerse a las ayudas para que los jóvenes puedan ir en taxi a la parada más cercana. Y así lo hacen. Sin embargo, el dinero que les da Educación para todo el año "apenas cubre para tres meses". Por tanto, si el bus no llega a la localidad y tampoco se les da una opción sin coste, las madres entienden que se vulnera el derecho del joven a un medio para acudir a sus clases de la secundaria obligatoria.

Mientras se resuelve el recurso que ha interpuesto una de las madres, esta ha decido no enviar a su hijo al centro escolar de Pola de Siero, después de varios meses asumiendo el coste del taxi.

Ella y las otras afectadas planteaban la posibilidad de que se le retire la concesión a la empresa que lleva el transporte. Sin embargo, la administración defiende que es la CTA quien determina las rutas y no la empresa.