Un embargo de bienes municipales a cuenta de un ascensor. Es a lo que se enfrenta el Ayuntamiento de Nava por orden judicial. Todo por no abonar en tiempo y forma algo más de 10.000 euros. Tal cantidad es lo que le corresponde pagar, junto a una comunidad de vecinos, por la instalación del ascensor en un edificio de Nava. Estos consideraban que el Ayuntamiento tenía que colaborar al tener propiedades en tal inmueble, pero el Consistorio se mostró reacio.
Ahora, la juez les ha dado la razón y, por si acaso, decreta el embargo de las cuentas municipales para asegurarse de que el Ayuntamiento pagará a los residentes.
La sentencia y el decreto de ejecución son del Juzgado de Instrucción Número 1 de Infiesto (Piloña). Aparte de los 10.278 euros por el ascensor, también se fija más de 3.000 euros en concepto de intereses que se puedan devengar de la ejecución. El edificio en cuestión es un bloque de viviendas de protección oficial de la calle La Laguna, en la villa naveta. Vipasa cedió el uso de los bajos al Ayuntamiento en 2018. Posteriormente, los residentes quisieron instalar un ascensor para acceder a las plantas de sus viviendas y solicitaron al Consistorio que abonara la parte proporcional.
Según relata el alcalde, el socialista Juan Cañal, "los informes de los técnicos y de secretaría eran contrarios a que tuviéramos que abonar nada". La razón que esgrimían es que "estos locales no tienen acceso ni al portal ni a la escalera, por lo que no los íbamos a usarla".
El Alcalde firmó el informe de los técnicos -"es lo que tengo que hacer", apunta- y descartó la posibilidad de pagar por el elevador que querían poner los vecinos. Su respuesta fue llevar el asunto a los juzgados. Entretanto, el ascensor sigue sin ponerse, todo a la espera del fallo de la magistrada de Piloña que por fin llegó el pasado 17 de septiembre.
El Ayuntamiento tendrá que abonar 10.278 euros en concepto principal e intereses ordinarios y moratorios vencidos, más otros 3.083 euros que se fijan provisionalmente en concepto de intereses que, en su caso, puedan devengarse durante la ejecución y las costas de ésta. La jueza ha entendido que la comunidad tiene razón en reclamar su parte al Ayuntamiento, en contra de lo que consideraban los funcionarios municipales, defensores de que, al no hacer uso del mismo, no tenían por qué ser partícipes de los costes que iba a generar la instalación del aparato elevador. A pesar de la buena noticia, en principio, los vecinos no quisieron comentar nada al respecto.
El regidor señaló a LA NUEVA ESPAÑA que el Consistorio no tendrá ningún problema en abonar la cantidad estipulada. Y atribuyó la negativa al informe técnico. "Una vez dispongamos de crédito para hacerlo, no hay mayor problema en pagar". Con todo, el decreto de embargo asegura a la comunidad cobrar lo pendiente en tiempo y forma y disfrutar de su ascensor.
