La Fiscalía de Área de Gijón solicitará mañana, durante el juicio previsto en la Sección Octava de la Audiencia Provincial con sede en Gijón, la condena de un acusado de estafar a una persona que respondió a su anuncio de venta de negocio de turismo rural y vivienda en Tazones (Villaviciosa).

Los hechos que serán sometidos a juicio se remontan al año 2014, cuando el acusado publicó un anuncio en Internet en el que ofertaba el alquiler, para negocio, de un alojamiento rural con vivienda. A la persona que se interesó por el anuncio le confirmó que el negocio estaba en activo y lo explotaba él mismo.

Tras entablar las oportunas negociaciones, el 22 de enero de 2015, el interesado firmó un contrato de arrendamiento de tres apartamentos vacaciones rurales y una vivienda, con opción a compra, en Tazones. El acusado actuó en concepto de propietario-arrendador y el ahora estafado, de arrendatario. Por el arrendamiento este último entregó una fianza de 5.100 euros al acusado y se estipuló una renta mensual de 1.700 euros.

En el contrato se especificaba que la finalidad del arrendamiento era la actividad de alquiler de viviendas vacacionales rurales y vivienda y que dicha actividad se encontraba en funcionamiento y dada de alta, siendo de cuenta del acusado el cambio de titularidad y las autorizaciones y permisos necesarios para la continuación de la actividad. No obstante, el acusado conocía que el negocio carecía de la preceptiva licencia municipal para la actividad, así como que no era factible que se le otorgara por no existir licencias o informes que avalasen la transformación de la vivienda original en las existentes, así como por ser la calificación del suelo no urbanizable de protección de paisaje. Además, en el acuerdo entre ambos había también un pacto de compraventa del equipamiento y ajuar interior y exterior existente en el conjunto de apartamentos por un importe de 40.000 euros, que el estafado abonó. 

El acusado, conocedor de la imposibilidad de cumplir el contrato suscrito, solicitó meses más tarde, el 4 de junio de 2015, licencia municipal ante el ayuntamiento de Villaviciosa a nombre del nuevo titular, tras lo que fue incoado el expediente. Pero el informe técnico determinó que no constaban licencias o documentos que avalasen la transformación de la vivienda original en las actuales (casa y tres apartamentos) y que la calificación del suelo es no urbanizable y de protección del paisaje. Esto dio lugar a su vez a la incoación del expediente municipal de disciplina urbanística de reposición de la legalidad frente al acusado.

Dado que no se podían cumplir ninguna de las condiciones previstas para la venta, el afectado reclama las rentas abonadas, que ascienden a 18.755 euros, y 40.000 euros abonados conforme al contrato, así como las cantidades invertidas en adaptar la vivienda particular, que ascienden a 15.000 euros.

Para la Fiscalía los hechos son constitutivos de un delito de estafa y solicita que se condene al acusado a 4 años de prisión, inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo y el pago las costas causadas.