Aitor M. P., un sierense de 51 años, negó en la mañana de ayer, en la sección segunda de la Audiencia Provincial, que se apoderase de 111.000 euros de la cuenta de unos ancianos a los que ayudaba, como vecino que los conocía desde niño. “No me arrepiento de haberlos ayudado”, aseguró al final del juicio, a pesar de que ahora las acusaciones le piden (y ratificaron en la vista celebrada en la mañana de este miércoles) penas de entre tres y cuatro años de prisión, así como multas de hasta 7.200 euros.
El hombre ayudaba a la mujer, después de que su marido fuese ingresado en una residencia de ancianos. El acusado aseguró que la anciana tenía capacidades plenas para disponer del dinero y que él, lo único que hacía, era sacar las cantidades que ella le mandaba. La tesis de la defensa, a cargo de Francisco Javier Calvo, es que “pudo ser cualquiera, desde la cuidadora hasta los amigos y familiares que acudían a ver a la anciana a menudo”, quienes se apoderaron del dinero y que Aitor “es un cabeza de turco” para explicar la desaparición del patrimonio.
La letrada Ángeles Valdés, que defiende los intereses del hijo del anciano, que en el momento de los hechos (entre 2015 y 2018) aún no estaba reconocido, calificó de “vergüenza” que ni el banco, ni los servicios sociales ni la Fiscalía hubiesen descubierto “el expolio” que estaba cometiendo Aitor M. P., al que los ancianos trataban “como a un hijo”. Este aprovechó que tenía una autorización de la anciana para sacar más de cuatro mil euros al mes de la cuenta, unos 200 reintegros de 600 euros en tres años, con lo que las cuentas quedaron en números rojos.
La familia se enteró cuando la cuidadora, el frutero, el panadero y otros comerciantes empezaron a quejarse de que no cobraban. “La mujer tenía un gran deterioro cognitivo y quedó en manos de un delincuente. El sistema falló estrepitosamente. Y la Justicia fue muy lenta, cuando quiso actuar, ya lo había expoliado casi todo”, remarcó la letrada.
De madrugada
Ignacio Tamargo letrado que defiende los intereses del sobrino de la pareja, pidió que se aplicase la agravante de parentesco, puesto que el acusado, dijo, se aprovechó de la confianza que los ancianos depositaron en él, al que consideraban poco más o menos como un miembro de la familia.
No ha trascendido en qué pudo gastar el hombre el dinero. En el momento de los hechos trabajaba en la construcción. Según la cuidadora de la anciana, ésta no se enteraba de lo que hacía el hombre con el dinero. De hecho, a veces llegaba de madrugada para coger la cartilla e ir a hacer reintegros. El juicio quedó visto para sentencia después de que las acusaciones mantuviesen sus peticiones de prisión.
