El Juzgado de Instrucción número 2 de Siero ha decretado el sobreseimiento de la causa contra el alcalde de Siero, Ángel García, los ediles Aurora Cienfuegos y Víctor Villa, el secretario municipal, Felipe Fanjul y la jefa de personal, Lucía Prieto, por supuesta prevaricación. El Sindicato Independiente Policía Local de Asturias (Sipla) denunció que todos ellos habrían dejado caducar varios expedientes disciplinarios abiertos a una serie de agentes adscritos a otros sindicatos policiales, con el objetivo de beneficiarles, llegando a nombrar a uno de ellos Comisario Jefe del cuerpo, de manera provisional. Ni la Fiscalía ni el Juez aprecian que haya habido dejación de funciones, considerando que se tramitaron los expedientes pero que se agotó el plazo por una serie de circunstancias sobrevenidas.
El Sipla –sindicato mayoritario de la Policía local de Siero, enfrentado al gobierno sierense desde octubre de 2019– consideraba que los citados responsables y funcionarios dejaron caducar deliberadamente 14 expedientes disciplinarios abiertos a seis agentes, no afiliados a su colectivo. Estos fueron abiertos por el antiguo jefe de la Policía local, José Enrique Fernández –que dimitió a finales de 2019– y son de diversa naturaleza. Algunos tienen que ver con amenazas a compañeros a través de redes sociales, otros con supuesta falsificación de documentos y también con ausencias del puesto de trabajo.
Consideró el Sipla que no se habían tramitado y sancionado, “con el objetivo de beneficiar al subinspector expedientado y poder promocionarlo, por ejemplo, al puesto de Jefe Accidental”.
En un largo escrito, la representación legal del sindicato policial defendió que se trataba de un caso de prevaricación, al no haberse cumplido con el procedimiento obligado.
No coincide con esa impresión ni el Magistrado ni el Fiscal, que rechazan el recurso de reforma presentado por el Sipla, sobreseyendo el caso.
Argumentan ambos que sí se dieron los pasos necesarios para valorar los expedientes, pero que una serie de circunstancias sobrevenidas acabaron por hacerlos caducar.
De esta manera, la única vía que le queda al colectivo sindical es que la Audiencia Provincial acepte el recurso.