01 de mayo de 2008
01.05.2008

La juez archiva el «caso Montepío» al no ver delito

El escrito judicial señala que las operaciones urbanísticas beneficiaron a la mutualidad

01.05.2008 | 02:00

La juez ovetense María Luisa Llaneza García ha decidido archivar la investigación de la compraventa de pisos que llevó a cabo en 2003 el Montepío de la Minería Asturiana en Murcia y Almería, tras considerar que las operaciones fueron legales y que no hay nada que indique que los directivos o los compradores actuaron de forma fraudulenta. El auto que dicta la juez sobre las operaciones urbanísticas llevadas a cabo por el Montepío, una entidad vinculada a quince mil familias en el Principado, supone un duro varapalo para la acusación. La juez asume todas las tesis de la defensa, califica de limpias y transparentes las operaciones e incluso llega a afirmar que produjeron beneficios para la mutualidad. El dictamen deja poco espacio al recurso.

Mieres / Langreo, J. E. M.


«Las actuaciones practicadas acreditan que el hecho denunciado no reviste caracteres de infracción criminal, por lo que, según los artículos (...), procede acordar el sobreseimiento libre y el archivo de las mismas». Este párrafo del auto dictado por la juez María Luisa Llaneza García ha supuesto una bocanada de aire, un respiro tranquilizador para los veintitrés directivos y ex directivos del Montepío de la Minería Asturiana imputados por fraude y administración desleal hace cinco años, por un Juzgado de San Javier (Murcia). La juez ovetense que se hizo cargo de la investigación en julio de 2007 no ha percibido, tras practicar las diligencias pertinentes, que las operaciones urbanísticas llevadas a cabo por la mutua en Los Alcázares (Murcia) y Roquetas de Mar (Almería) tuvieran, como afirmó en su día la acusación, «gato encerrado».


El auto de Llaneza resulta contundente y, según expertos jurídicos, aunque ofrece la posibilidad de recurso, deja pocas vías para ejercitar este derecho con posibilidades de echar abajo el dictamen judicial. La juez se apropia por completo del discurso de la defensa y lo hace propio en párrafos contundentes que no tienen ningún desperdicio. Así, tras detallar teóricamente cómo es el supuesto penal de fraude y administración desleal, afirma que «en el caso enjuiciado, no existen indicios ni de que se obrara en perjuicio de la sociedad, ni de que se causara un perjuicio económicamente evaluable, ni tampoco de que existiera un abuso en las funciones de los cargos por parte de las personas que intervinieron en esta operación de carácter mercantil». Un poco más adelante, la juez añade: «Así, en primer lugar, los miembros de la Comisión Regional del Montepío han actuado ajustándose a los parámetros y las normas marcados por los usos y las necesidades de la sociedad que administraban, habiendo cumplido con los deberes de fidelidad exigidos a los mismos, por cuanto con esta operación lo que se hizo fue dar satisfacción a los intereses de la mayoría de los mutualistas adquiriendo nuevos apartamentos en Roquetas de Mar tendentes a satisfacer el ocio de los mutualistas más jóvenes y desprendiéndose de 61 de los 300 pisos de Murcia, que, por otra parte, no se llenaban en determinadas épocas del año, lo que correlativamente significaba pérdidas para la entidad».


El varapalo para las posiciones defendidas por la acusación es de órdago. La juez no sólo no se limita a descartar la existencia de un delito, sino que incluso subraya que las operaciones tuvieron un buen resultado económico para la mutualidad asturiana, una entidad que permanece vinculada a quince mil familias de mineros y ex mineros en el Principado. «Se vendió por más del precio tasado y se compró por menos del precio tasado», asegura el auto, para añadir, un poco más adelante, que «no hay un perjuicio económico evaluable» y, otra línea más abajo, que «no hay nada que indique que el Montepío de la Minería va mal económicamente».


La juez recuerda que las operaciones fueron aprobadas en asamblea, que las cuentas de la entidad también recibieron el apoyo de la mayoría de los mutualistas y que, por si fuera poco, los directivos fueron refrendados posteriormente en sus cargos. El auto rechaza que los directivos abusaran de sus cargos y considera la operación documentada y transparente, porque «Cajastur no habría financiado una operación oscura». «En definitiva, se trata de una operación de gran envergadura económica y, como tal, susceptible de críticas e incluso impugnaciones por la vía mercantil, pero en ningún caso de ser calificada de delito penal, algo que ya advirtió el fiscal en su día».


El auto ratifica y avala la actuación de los directivos imputados en su momento: Alfredo Álvarez Espina, Ricardo González Argüelles, Miguel Ángel Díaz Collado, Francisco Fernando García Noval, Antonio Sánchez López, Maximino González Montes, Juan José Vega Álvarez, Francisco Javier Rodríguez Alonso, Eduardo Álvarez Lanas, Juan Antonio Iglesias Menéndez, Juan Antonio Suárez García, Antonio del Pino Palomero, Andrés Fernández Vázquez, Manuel González Barrero, Luis Mariano Lueje Díaz, José Ramón Castaño Suárez, Alfredo Rodríguez Camblor, Cándido Huerta García, José Francisco Pérez Montes, Arsenio Díaz Marentes, Julián Albor Astorga y Víctor Montes Díaz. Estos directivos se han visto envueltos durante los últimos cinco años en un largo y farragoso proceso judicial que había puesto en tela de juicio su actuación al frente del Montepío. Ahora parece que la luz se ve al final del túnel.


Junto a los directivos también se archiva la querella contra el empresario que cerró la operación, el riosano Sergio Díaz Sariego, y contra el mediador, el gallego Cándido Loureiro.

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