Las empresas mineras que no cumplan con los pagos a sus trabajadores perderán las ayudas estatales a la extracción del carbón. El Ministerio de Industria no quiere que se repitan los episodios de impagos que se han sucedido durante los últimos años en las compañías mineras privadas, sobre todo en empresas del grupo Victorino Alonso, como Coto Minero Cantábrico y Unión Minera del Norte (Uminsa), por lo que ha introducido nuevas cláusulas en las bases reguladoras de las ayudas al carbón que cortan el grifo de las subvenciones en el momento que haya impagos de salarios.
El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó el pasado jueves las bases reguladoras de las ayudas para los ejercicios 2013 a 2018 destinadas específicamente a cubrir las pérdidas de la producción corriente de las unidades de explotación incluidas en el plan de cierre para la minería de carbón no competitiva y al mismo tiempo abrió la convocatoria de ayudas para el ejercicio 2013, que está dotada con más de 67,7 millones de euros. El Ministerio de Industria, Energía y Turismo, tras firmar el pasado 1 de octubre con sindicatos y la patronal Carbunión el nuevo plan de la minería 2013-2018, se había comprometido a desbloquear de forma inmediata las subvenciones del presente ejercicio, vitales para el sostenimiento de las empresas mineras.
Podrán ser beneficiarias de estas ayudas las empresas mineras del carbón con unidades de producción incluidas en el plan de cierre de explotaciones (que tiene su fecha tope en 2018) siempre que haya pérdidas en la producción corriente. En el plan de cierre están incluidas un total de 26 unidades de producción subterráneas y a cielo abierto de las empresas Hunosa (agrupación Caudal y agrupación Nalón), Unión Minera del Norte (Uminsa), Minera Catalano Aragonesa, Hullera Vasco-Leonesa, La Carbonífera del Ebro, Hijos de Baldomero García, Endesa Generación, Empresa Carbonífera del Sur (Encasur), Coto Minero Cantábrico, Compañía General Minera de Teruel, Carbones del Puerto, Carbonar, Carbones Arlanza y Alto Bierzo. Además, estas empresas deben cumplir una serie de requisitos para obtener las ayudas, entre las que se incluyen el cumplimiento de los derechos salariales de las plantillas.
En concreto, las bases de las ayudas señalan que "el incumplimiento, en cualquier forma, por parte de la empresas beneficiarias, del derecho de los trabajadores de la plantilla propia a la percepción mensual del salario, producirá la pérdida del derecho al cobro de la subvención mientras se mantenga esa situación. Se considerará como un supuesto de incumplimiento que lleva aparejado la revocación y reintegro de la ayuda si se mantiene por espacio de dos meses". Es decir, si las empresas dejan de abonar dos nóminas, se cierra el grifo de las subvenciones que sustentan al sector minero. Las propias bases de las ayudas establecen el mecanismo para anular las subvenciones. Señalan que "la plantilla afectada por la decisión empresarial, a través de las centrales sindicales firmantes del Marco de Actuación para Minería del Carbón y las Comarcas Mineras en el periodo 2013-2018 (FITAG-UGT, la Federación de Industria de CC OO y USO), podrá requerir la aplicación de esta medida al Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón. Dicho organismo, tras abrir un periodo de información previa con el fin de conocer las circunstancias concretas y revisar la información facilitada, podrá desestimar la petición o iniciar el procedimiento para declarar la pérdida del derecho al cobro parcial de la ayuda o para acordar su revocación y reintegro, según proceda".
Con este mecanismo se quiere acabar con los reiterados impagos a los trabajadores en el sector de la minería. Los sindicatos han denunciado durante los últimos años que compañías como las del grupo del empresario leonés Victorino Alonso estaban utilizando los salarios de sus trabajadores como "medida de chantaje" al Gobierno para defender sus reivindicaciones. Ahora si acude a ese recurso corre el peligro de perder las ayudas que sustentan al sector.
La cuantía máxima destinada a financiar la convocatoria de subvenciones de 2013 es de 67.757.945 euros, que se corresponde con el presupuesto que tiene asignado el Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón para subvencionar a empresas mineras privadas (57.513.425 euros) y a la empresa estatal Hunosa (10.244.520 euros).
Para el carbón procedente de unidades de producción subterránea la ayuda media será de 30 euros por tonelada, mientras que el mineral procedente de unidades de producción a cielo abierto recibirá una ayuda media de 1 euro por tonelada. Además, el importe de la ayuda final para cada explotación minera irá en función del poder calorífico de los carbones suministrados.
Para las próximas convocatorias de ayudas, las cuantías irán reduciéndose. Así, para las explotaciones subterráneas, la ayuda irá disminuyendo a razón de 5 euros por tonelada en cada uno de los ejercicios siguientes, hasta 5 euros por tonelada en 2018. Para las minas a cielo abierto, la ayuda en 2014 se reducirá a la mitad, a 50 céntimos por tonelada, y se extinguirán al siguiente año. Todas estas ayudas están vinculadas al cierre de las explotaciones. En el caso de que alguna de las unidades de producción que reciben subvenciones no estuviera cerrada a 31 de diciembre de 2018, la empresa debería proceder al reintegro de la ayuda incrementada con los intereses legales.
