El Ayuntamiento de Mieres ha requerido los servicios de una empresa auditora para elaborar un informe sobre la situación económica en que se encuentra la empresa municipal de autobuses (Emutsa). La intención del gobierno local es trasladar a la administración central un segundo pliego de alegaciones que avale la viabilidad financiera de la compañía. En concreto, se trabaja en la búsqueda de una fórmula que permita al Ayuntamiento seguir cubriendo el déficit anual de la compañía sin incumplir los contenidos de ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, aprobada en 2012, y que contempla la disolución automática de las entidades públicas deficitarias que no hubiera corregido su situación a fecha del 1 de diciembre de 2015.
El Ayuntamiento de Mieres tuvo que poner el año pasado 750.000 euros para cubrir el déficit del ejercicio y las necesidades económico-financieras de Emutsa. Ahí radica el problema. Hacienda considera que la empresa es deficitaria y los gestores municipales, por el contrario, sostienen que al cumplir el consistorio con el techo de gasto no existe incumplimiento. Es decir, el Ministerio mira exclusivamente las cuentas de Emutsa y el Ayuntamiento tiene una visión general. Inicialmente, el gobierno local presentó alegaciones a lo que se conoce como el "Montorazo". En este caso, la carta enviada por Hacienda solicitando un acta plenaria que atestiguara la "disolución" de la empresa: "Lo que alegamos es que los plazos estaban mal y que la empresa cumplía con los parámetros de racionalización", explicaron ayer los dirigentes de IU. El segundo pliego de descargos que se ha encargado a una empresa especializada irá más lejos. El Ayuntamiento pretende que el Ministerio asuma algún tipo de formula legal que permita al consistorio seguir sufragando las pérdidas de Emutsa siempre que mantenga el propio equilibrio financiero.
Sin respuesta
De momento, el gobierno local ha confirmado a este diario que Hacienda aún no ha respondido al primer pliego de alegaciones, enviado a Madrid hace ya más de una semana. Y es que el pasado 21 de julio llegó al consistorio una carta del Ministerio de Hacienda a través de la que, a efectos prácticos, la administración central le daba la extremaunción a Emutsa. En tono duro, la misiva esgrime que la ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local contempla la disolución automática de las entidades públicas deficitarias. La carta daba un ultimátum de 15 días para presentar el acta de un acuerdo plenario sobre el cese del servicio. En ese punto, el Ministerio apercibía al Alcalde y le recordaba que puede incurrir en "responsabilidad personal" si incumplen la ley de Transparencia y Buen Gobierno. Así, el Ejecutivo central se reserva la adopción de medidas legales contra el regidor llegado el caso. Posteriormente, Hacienda suavizó el tono, aunque sin renunciar al cumplimiento de la ley.
