Salvar el carbón español costaría al Estado unos 227 millones de euros anuales. Al menos ese es el cálculo que desde el ámbito sindical se maneja. Se trata de una cantidad que queda muy lejos de los 7.000 millones que se aportan para que las energías renovables (hidráulica, eólica, fotovoltaica, biomasa, geotermia...) entren en el sistema de generación. Por ello, los sindicatos mineros denuncian que la supervivencia de esta industria extractiva no es una cuestión de financiación, sino de intereses y de "falta de voluntad política".
Las fuentes sindicales consultadas por LA NUEVA ESPAÑA explicaron que la generación eléctrica en España cuesta en torno a 35.000 millones de euros al año. De esa cantidad, 7.000 millones se van directamente para subvencionar la generación a través de las energías renovables. Unos sistemas que se consideran "inestables" y que dependen de las condiciones meteorológicas para su aprovechamiento en el mix. En el año 2015, la generación con la energía hidráulica descendió casi un 50% respecto al año anterior. "Sin estas ayudas, no podrían entrar en el mix", indicaron los sindicatos.
El caso del carbón es diametralmente opuesto. Se quema mineral y se va a seguir quemando. El carbón supuso el pasado año más de la quinta parte de la electricidad generada en España. Sin embargo, la mayoría de ese mineral es de importación. La caída de los precios del carbón extranjero hace que la producción nacional se vea relegada a un plano secundario. De hecho, de los 21 millones de toneladas de carbón que se quemaron en el año 2015, solamente 3 fueron de mineral autóctono. El ejercicio pasado fue el primer año sin un mecanismo que ayudase al mineral nacional a ser más competitivo, tal y como ocurría desde 2010, cuando la Administración Zapatero puso en marcha el real decreto de garantía de suministro.
Ese decreto, que estuvo vigente hasta el 31 de diciembre de 2014 dio cierta estabilidad al sector, aunque la UE rechazó que fuese prorrogado. Los sindicatos entienden que la salvación del sector pase por un mecanismo similar, cuyo coste, explican, rondaría los 200 millones de euros. Esta cantidad la calculan en base al dinero que costaba el mecanismo de Zapatero, unos 300 millones para quemar 5 millones de toneladas de carbón al año. Por este motivo, si se diese cumplimiento al Plan del Carbón en lo que a consumo de mineral nacional se refiere, las centrales calculan que se podrían quemar unos 3,5 millones de toneladas de carbón, lo que supondría un coste de las primas a las eléctricas de 200 millones de euros.
A esta cantidad, habría que sumar las ayudas directas que el Gobierno paga a las empresas mineras por el carbón que venden a las centrales y que el pasado ejercicio supusieron unos 27 millones de euros. Para el presente 2016, además, habría que sumar otros 10 millones de euros de una ayuda adicional articulada por el Gobierno para tratar de hacer más competitivo el mineral nacional frente al de importación. No obstante, este desembolso quedaría compensado con una prima global al consumo. "Con ese dinero se podrían mantener los 3.000 puestos de trabajo que da el sector del sector del carbón en España", expusieron los sindicatos, que añaden que la puesta en marcha de una solución para la grave crisis del sector minero "no es cuestión de presupuestos, sino de una falta absoluta de voluntad por parte del Gobierno".
Los sindicalistas consultados por este diario explicaron que el carbón nacional que se está quemando ahora mismo apenas supone un tres por ciento en el mix energético, cuando el Plan del Carbón 2013-2018 fija una hueco térmico mínimo del 7,5 por ciento. Además, las mismas fuentes señalan que la normativa europea permite a cada país generar hasta el 15% de su electricidad con recursos autóctonos aunque para ello tenga que establecer ayudas, que en otros casos estarían prohibidas. Ese es el clavo ardiendo al que se aferra el sector, a la soberanía energética, para preservar el futuro de las empresas carboneras, sus plantillas y las comarcas mineras.
