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La Fiscalía investiga la construcción de la pista de Piedrafita, en Aller

La Coordinadora Ecologista denunció que los trabajos, que contaron con ayuda municipal, no se ajustaron a lo autorizado

La Coordinadora Ecologista de Asturias informó ayer que la Fiscalía del Principado ha admitido la denuncia presentada por el grupo contra la acción del Ayuntamiento de Aller "como colaboradora en la ampliación de un senda peatonal (PR) hasta convertirlas en una pista que va desde la localidad de LLananzales hasta el Puerto de Piedrafita en el concejo de Aller". Los ecologistas explican que los hechos sucedieron en un tramo de 9 kilómetros que "se financió y permitió, que no tenía licencia municipal de obras ni informes favorables de los técnicos municipales".

"La Fiscalía entiende que los hechos que denunciamos puede haber ser constitutivos de un delito contra la Ordenación del Territorio y de delito contra los Recursos Naturales y el Medio Ambiente en relación a las licencias, autorizaciones y concesión de subvenciones", explicaron desde la Coordinadora, para agregar que "a pesar de carecer de dicha licencia y tener en contra los informes de los técnicos municipales, el Ayuntamiento costeó la maquinaria usada en una obra ilegal sin tener soporte legal el pago".

Además, los portavoces de los ecologistas indicaron que "estas obras tienen varios expedientes sancionadores también por el Principado y por la Confederación Hidrográfica por los diversos delitos ambientales cometidos durante su ejecución de ellas". "Durante las obras se amplió la base de la pista, en algunos puntos la pista tiene ahora unos siete metros de ancho. Se arrasó con toda la vegetación de sus orillas a pesar de tratarse arboles importantes en una zona de bosque maduros, hayas centenarias, castaños enormes, toda la vegetación", indicaron, para agregar que "en una zona de una gran riqueza biológica con la presencia de osos y cantaderos de urogallos que se han visto afectados sin un estudio de impacto ambiental".

El Alcalde de Aller, David Moreno, explicó que las obras "fueron autorizadas por la Consejería, que debería de haber sido quien controlase su ejecución", y reconoció que el Ayuntamiento "colaboró con algunas facturas, como en muchas otras obras". Precisamente sobre la autorización de la Consejería, los ecologistas puntualizan que lo construido no se parece para nada a lo autorizado".

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