Según el derecho canónico, el cabildo catedralicio es un colegio de clérigos encargado de aconsejar al obispo de la diócesis y ejercer sus funciones en el caso de que este falte. Lo componen un canónigo y varias dignidades y es un órgano tan importante para la Iglesia católica que solo el Papa puede crearlo y disolverlo. El de Oviedo se fundó nada menos que a principios del siglo IX con un poder que fue aumentando a lo largo de la Edad Media y sobre todo en la Edad Moderna, cuando los señores civiles perdieron sus privilegios a favor de los monarcas. Al contrario, el patrimonio religioso siguió creciendo con las donaciones de todo tipo que hacían -y siguen haciendo- los fieles más fieles en sus testamentos para facilitar de este modo su tranquilidad en la vida eterna.
Además, otra ventaja de la Iglesia siempre ha sido que al contrario de lo que ocurre con las herencias familiares que en cada generación se van dividiendo entre varios beneficiarios, aquí no se pagan impuestos cada vez que una diócesis cambia de jefatura, de forma que tanto los obispos como los cabildos que se van sucediendo acumulan una gran riqueza, que saben defender pleiteando con municipios y otras autoridades, e incluso antiguamente, como veremos más abajo enfrentándose entre las dos instituciones.
Los investigadores siempre se han centrado más en lo referente a los obispos, pero últimamente están apareciendo publicaciones que se acercan también a los documentos de los cabildos, donde se reflejan algunas de estas situaciones. Así, en Oviedo, José Antonio Longo Marina ha estudiado un documento elaborado para consulta interna de su cabildo, realizado en los años 1534-1535, que muestra el control que ejercía la Iglesia en ese periodo sobre las tierras y haciendas de los asturianos.
En el legajo se desglosan las rentas que se cobraban, las ventas y los cambios de titularidad de las propiedades y puede verse como la institución poseía numerosas fincas sobre todo en la capital y la zona centro de la región, pero también en León y en Astorga, dedicadas al suministro de vino y trigo.
José Antonio Longo, que es especialista en el estudio de las formas y la caligrafía de estos textos antiguos, señala la curiosidad de que entre las letras aparezca alguna decorada con una máscara de cuya boca se escapa una amenazante lengua de fuego para advertir a los curiosos del respeto con que deben acercarse a lo que allí está reseñado. Ya ven que todo es poco cuando se trata de proteger los dineros.
Otro medievalista, Néstor Vigil Montes, también ha escrito no hace mucho una monografía sobre uno de estos choques entre autoridades religiosas, que nos toca de cerca porque su escenario fue el valle del Nalón; por ello, aunque el tema sea un poco árido, forma parte de nuestra historia y debe aparecer en esta página.
Se trata de "Las disputas entre el obispo y el cabildo de la catedral de Oviedo por el control de la notaría del señorío eclesiástico de Langreo". Un trabajo que nos recuerda que los territorios del concejo de Langreo y los privilegios para administrarlos fueron donados a la Iglesia por el rey Alfonso VI el 14 de marzo de 1075, de manera que el obispo y el cabildo tuvieron que ponerse de acuerdo a la hora de tomar decisiones como la de ir nombrando a los notarios del concejo durante siglos.
Un derecho que igualmente se recogió por escrito cuando se promulgó la carta puebla de Langreo, el 26 de junio de 1338.
Por este estudio también nos enteramos de que el único notario público del que se tiene noticia para la puebla de Langreo en el siglo XIV, aparece citado en 1372 como nombrado por la Iglesia de Oviedo, lo que quiere decir que todavía actuaba en nombre tanto del obispo como del cabildo.
Esta era una situación bien aceptada por todos, hasta que a mediados de siglo XV accedió a la diócesis de Oviedo un individuo llamado Íñigo Manrique de Lara, que era más dado a cuidar de su propia hacienda que a las necesidades de sus fieles y a quien lo que ocurría en Asturias le importaba un pito, ya que ni siquiera vivía aquí.
Luego, como suele suceder, cuando venía lo hacía trayendo con él la discordia, porque quería resolver en una visita lo que había dejado pudrirse con sus ausencias reiteradas, como recuerda Néstor Vigil al contarnos que en 1449, decidió sancionar a todos los canónigos que mantenían relaciones con mancebas, que no eran pocos.
Pero es sabido que cuando un negocio depende de dos socios, ambos deben esforzarse para mantener el equilibrio de la sociedad, y si uno falla, el otro acaba asumiendo sus funciones, de forma que el cabildo catedralicio supo aprovechar las faltas del obispo y cuando dos años más tarde fue necesario sustituir al notario de Langreo, buscó hacerlo a su manera para aprovechar los beneficios que podía traerle el control de esta actividad en un concejo tan importante.
El 13 de febrero de 1451, tras el fallecimiento de Diego Alfonso de Langreo, quien llevado esta notaría hasta sus últimos días, el maestresala del obispo Juan de Quintana apoderó a uno de los canónigos ante la asamblea del cabildo catedralicio para que fuese su sustituto en dicha escribanía, suponiendo que, como siempre sucedía, el obispo y el cabildo estarían de acuerdo con el nombramiento. Pero en esta ocasión los miembros del cabildo cambiaron de actitud y se opusieron, colocando un año después a otro candidato de su gusto.
El caso fue que Diego Alfonso había dejado a su viuda María Fernández rica y obteniendo una renta anual de 1290 maravedís por un tercio del cellero de Santa Olalla de Turiellos, y los beneficios de San Esteban de Ciaño y de la misma Santa Olaya de Turiellos.
Según la Academia de la Llingua, el término "cellero" designa tanto al lugar de almacenamiento de los productos cosechados como al conjunto de tierras que producen estos mismos frutos y todo indica que el matrimonio se había hecho con estas propiedades gracias a las ganancias de la actividad notarial, que ya entonces era un oficio con magníficos rendimientos.
Al poco tiempo de la muerte del notario, la mujer preparó una disposición con la intención de asegurar que se celebrasen misas en cada aniversario de esta defunción y también en la suya, cuando tuviese lugar, aunque señaló que lo hacía, no para buscar su salvación eterna, sino considerando los bienes y provechos que tanto ella como su marido habían recibido de la Iglesia, lo que parece indicar que su intención pasaba más por responder así a los favores que había recibido de esta institución, que por sus creencias religiosas.
Lo que sucedió después vino a confirmarlo. Para que se pudiese cumplir este compromiso cada año, dejó escrito que donaba para siempre al cabildo la mitad de una casa que estaba en Vegalén, cerrada de muro y techada de teja, con la mitad de los molinos y de las heredades y árboles que tenía a su lado, tal y como ella y su marido se lo habían comprado a Fernando Morán "que Dios perdone", y que la otra mitad era de una tal María González, mujer de Álvar Pérez, que vivía en Inguanzo.
Con todo ello se aseguraba los 50 maravedís estimados para satisfacer anualmente el coste de las ceremonias de aniversario, aunque la viuda se guardó el derecho de mantener estas propiedades mientras viviese, y tres años más tarde, no sabemos por qué motivo, renunció a favor de unos terceros que asumieron la renta anual por 70 maravedís anuales.
Para Néstor Vigil Montes todas estas operaciones económicas realizadas entre la viuda del notario y el cabildo de la catedral de Oviedo demuestran por un lado la situación de conflicto de intereses que se dio al final de la Edad Media entre el cabildo catedralicio y el obispado, pero a la vez evidencian la relación de clientelismo que se estableció entre la institución capitular y los cargos municipales de sus señoríos jurisdiccionales.
Una situación, que a nosotros nos parece de ida y vuelta y es muy parecida a la que se da actualmente entre empresarios y cargos públicos corruptos, ya que si en el siglo XV era la Iglesia la que nombraba notarios y concedía derechos temporales sobre sus propiedades a cambio de tener siempre la razón en los pleitos y de alguna contraprestación económica, ahora, en el siglo XXI, los favores de los políticos concediendo obras y contratos, se pagan con sobres con billetes morados y donaciones para campañas electorales.
El poder ha cambiado de manos, pero la miseria de la condición humana es la misma.
