Después de la minería, queda Hunosa. Parece un contrasentido, pero no lo es. La última negociación fue atípica. Tanto en las formas, como en el resultado. Apenas tres meses de reuniones para buscar una salida a los mineros tras el cierre de las explotaciones. El fin estaba dictado de antemano y no había margen para evitar el epitafio que ya habían escrito la Unión Europea y los últimos gobiernos españoles del PSOE y del PP. Solo quedaba que el entierro no fuera el último funeral. Y este objetivo se consiguió. Sin algarabías, no había margen para triunfalismos. Fue una victoria dolorosa, de sabor agridulce. Las minas cierran; los mineros, los que queden, continúan...
El fin de la última negociación minera era precisamente ése. Salvar el mayor número de trabajadores posibles de los 2.000 que aún quedan en el sector. Las explotaciones tenia prefijada fecha de caducidad europea: 31 de diciembre de este año. Quien quiera seguir sacando carbón debe devolver las ayudas recibidas. Mucho dinero para poco tajo. Aunque se hubiese flexibilizado la fórmula de devolución, que Bruselas tampoco acepta.
Si se echa un vistazo a los retales de la antaño poderosa minería, se puede evaluar el mapa negociador. En el sector público se encuentra Hunosa, con tres pozos y poco más de un millar de trabajadores. Los restantes ochocientos se reparten en empresas privadas cuya situación es el concurso de acreedores o la liquidación. Así están la Hullera Vasco Leonesa, Uminsa de Victorino Alonso (acosado por juicios, denuncias y sentencias), Astur-Leonesa de Rodolfo Cachero (que ha pasado ya por la cárcel) y Carbonar de Efrén Cires, además de la aragonesa Samca, la única que podría seguir extrayendo mineral a cielo abierto, bien para quemarlo en su térmica o para nuevos productos. Con este panorama, la patronal Carbunión quedó en un segundo plano.
Este era el escenario previo de la minería unos meses antes de su cierre predestinado. Poco había que salvar, salvo unos cientos de empleos y los últimos coletazos de ayudas para las comarcas mineras. La negociación que retomó el nuevo gobierno de Pedro Sánchez recogía la estela de la ya realizada con el de Mariano Rajoy. Pero ahora había que dar un acelerón. Nadie sabía lo que podía aguantar el PSOE. Y era necesario aprovechar la predisposición de los socialistas a un acuerdo. No en balde Sánchez había contado con el apoyo del partido y del SOMA en las Cuencas. Era una baza a jugar.
La negociación se reinició en julio y el acuerdo se firmará el miércoles. Apenas tres meses de reuniones sin conflictos, paros, huelgas o protestas. La liturgia minera se veía incumplida. No fue la primera vez, es cierto. La del plan 2013-2018 también fue veloz. Estaba el PP, pero el SOMA lo dirigía una gestora tras la salida de José Ángel Fernández Villa. Ya se había librado la batalla tras la marcha del carbón a Madrid de 2012 y el acuerdo se liquidó en tres meses, de junio a septiembre.
Esta vez el acuerdo se fraguó más entre bambalinas que en las reuniones de Madrid. CC OO y SOMA preparaban de forma conjunta sus propuestas y eran enviadas a Madrid, que las respondía. Al ministerio de Transición Ecología, con los negociadores del Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras, se iba ya con los deberes preparados. Así se avanzaba. El objetivo es cerrar un pacto rápido en una negociación exprés. "Había que llegar a un acuerdo con el Gobierno de Pedro Sánchez, si éste caía antes, sabíamos que estábamos muertos", comenta uno de los negociadores. Hubo momentos de tensión, pero no fueron graves. Atrás quedaron las reuniones maratonianas.
A favor soplaba el viento. El gerente y los negociadores del Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras eran los mismos que con Rajoy. Sabían de qué hablaban. Pedro Sánchez, en pago a los favores prestados, había mostrado una sensibilidad especial hacia la consecución de un acuerdo favorable. Las minas no se podrían salvar, pero sí había una salida para los trabajadores y planes para las comarcas mineras. En contra, la cerrada posición ecologista de la ministra de Transición Ecológica con su descarbonización y cierre de las centrales térmicas.
El final no será de cuento, pero tampoco un drama shakesperiano. Las minas cerrarán, los mineros se irán con prejubilaciones del 72% de su salario bruto a una edad de 48 años equivalentes, a los que hay que aplicar los coeficientes reductores, lo que supondrá para algunos retirarse a los 40 años si llevan 8 en una empresa minera y una veintena cotizados. Un chollo. El resto serían recolocados en las labores de recuperación de explotaciones y restauración de espacios degradados por la actividad minera. Los trabajadores de las subcontratas serán considerados excedentes del sector y también serán recolocados. Habrá ayudas para estas labores, para proyectos empresariales, para energías renovables, para patrimonio industrial y para formación. Y punto.
El acuerdo alcanzado la pasada semana ocupaba tres folios para sellar 150 años largos de actividad minera. El desarrollo de este preacuerdo, el que se firmará el miércoles en Madrid, ocupará 32. Después habrá que ver cómo se plasma lo firmado en hechos reales...
¿Y Hunosa? La hullera pública es la gran esperanza blanca de un sector negro. Va por libre. Ahora habrá que negociar su propio plan de empresa y las condiciones de su supervivencia. Una tarea peliaguda. El objetivo es que pueda mantener un pozo abierto para abastecer a la térmica de La Pereda. Dar empleo a unos centenares de trabajadores con varias actividades. Quién sabe si volver a abrir alguna explotación a cielo abierto. Y seguir con sus iniciativas de geotermia y biomasa, además de nuevos desarrollos ligados a las energías verdes. Así lo comprometió Pedro Sánchez. Y habrá que tomarle por la palabra mientras aguante en el Gobierno.
