El bloqueo al proyecto de Presupuestos Generales del Estado presentado por el Gobierno de Pedro Sánchez tuvo como consecuencia el adelanto de las elecciones al próximo 28 de abril. Una situación que, según esperan los sindicatos mineros, no afectará al plan del carbón firmado el año pasado. El acuerdo minero fue ratificado por el Congreso a finales de enero tras una votación donde también se aprobó su conversión en ley, lo que obligaría a su cumplimiento. Sin embargo, este último proceso aún está pendiente y CC OO de Industria pide al Gobierno que agilice su tramitación. Desde el SOMA, por su parte, aseguraron que el plan cuenta con un amplio respaldo político, con lo que desconfían de que se vaya a tumbar.
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El secretario general del SOMA-FITAG-UGT, José Luis Alperi, aludió a la experiencia con anteriores planes del carbón. "Muchos se han firmado con un Gobierno y se han desarrollado con otro distinto, nunca ha habido problema alguno". Pero es más, Alperi confía en que tras las elecciones generales "no haya cambios en el Gobierno y siga Pedro Sánchez al frente; eso sí, de haber ese cambio y tras haber escuchado las manifestaciones de otros partidos, no creo que tuvieran ningún problema por cumplirlo e, incluso mejorarlo". Tumbarlo no, pero sí puede haber la remota posibilidad de que el nuevo Ejecutivo decida incumplirlo, independientemente de que se convierta en ley, como ocurrió con el anterior plan minero, donde no se invirtió un sólo euro del presupuesto comprometido para infraestructuras que gestionarían tanto ayuntamientos como Gobiernos regionales, argumentó Alperi.
En CC OO de Industria también hubo una valoración. Rubén García, secretario general de CC OO en Hunosa, aseguró que el Gobierno de Pedro Sánchez "tiene margen suficiente para terminar su tramitación y cumplir con sus compromisos pendientes, que afectan tanto a los mineros como a las comarcas mineras". En la misma línea se manifiesta García respecto al plan de empresa que están actualmente negociando con Hunosa. "Podemos alcanzar un acuerdo antes de que lleguen las elecciones", sentenció.
El último plan del carbón, que suponía el cierre de todas las explotaciones mineras que precisasen ayuda para producir, se firmó a finales de octubre del año pasado entre Gobierno, sindicato y patronal. Después tuvo que pasar por el pleno del Congreso de los Diputados a finales de enero, donde fue avalado. Un respaldo, eso sí, que no estuvo exento de críticas, sobre todo a la falta de ejecución de los anteriores planes.
La ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, aprovechó la votación en el pleno del Congreso para defender el acuerdo minero, destacando que "sienta las bases para una transición justa de la minería del carbón, una transición de justicia social, sin dejar a nadie en el camino".
También recalcó entonces que la preocupación del Gobierno se había centrado hasta ahora "en la ejecución de las ayudas del plan anterior, agilizar la concesión de subvenciones a empresas y los proyectos de infraestructuras para los ayuntamientos".
El nuevo plan destina 250 millones de euros para reactivación y apoyo a la implantación de empresas y cuenta con "plan de rescate" de trabajadores de las empresas privadas que han tenido que cerrar. Y para los que no se puedan acoger a prejubilaciones o los trabajadores de las subcontratas, una bolsa de trabajo que facilite el acceso a nuevos empleos y formación.