Las Cortes de Castilla y León han aprobado con los votos a favor del PP y Cs la proposición de ley que modifica la Ley de Urbanismo de 1999 para habilitar la posibilidad, ahora prohibida, de que proyectos de minería no energética puedan abrirse en suelos rústicos protegidos.
La procuradora del grupo Popular, Isabel Blanco, defendió la aprobación de una modificación presentada por su formación que, según su criterio, tiene como objetivo "dinamizar la minería industrial con fines no energéticos" en la comunidad, que ayudará a la "fijación" de proyectos en el mundo rural y a "combatir" así la despoblación.
Como ha detallado la interviniente popular, en la actualidad, existen en Castilla y León 483 explotaciones mineras, que generan un volumen empresarial de 363 millones de euros, en un sector "al alza" que la misma Unión Europea "ha instado a potenciar" mediante la "explotación sostenible de los recursos" autóctonos de la UE.
Sin embargo, según el PP, la normativa hasta ahora estaba dificultando el avance de proyectos mineros como los de Otero de los Herreros (Segovia), Valtreixal (Zamora), Toral de los Vados o Borrenes y Wagner (León), que podrían suponer casi 350 puestos de trabajo, según sus cálculos.
Para ello, Blanco ha insistido en que, con esta modificación, se pretende "deslindar" las dos variedades de explotación minera recogidos en esta ley: por un lado los proyectos de minería no energética y, por otro, los proyectos mineros con fines energéticos.
Con la modificación impulsada por el PP y Cs, las actividades pasarán a dividirse en minería energética y no energética o metálica, lo que según Blanco servirá para distinguir entre "actividades autorizables", como la extracción de rocas y minerales industriales, minería metálica, rocas ornamentales, productos de cantera y aguas termales y minerales, y las energéticas, que mantendrán la prohibición en suelos rústicos con protección.