La reconversión de las comarcas mineras españolas se ha llevado una de cal y una de arena. Si el miércoles el Consejero de Industria del Principado anunciaba una inversión global en toda España de 132,9 millones de euros procedentes del plan del Carbón 2013-2018, a preguntas de este diario reconocía que el resto del montante hasta los 250 millones pactados se quedarán sin invertir. El motivo esgrimido por el Gobierno central, "las limitaciones presupuestarias derivadas del ejercicio 2018 (elaborado por el PP), que solamente permiten que la cantidad máxima a gastar en los próximos tres años sean los citados 132,9 millones". Por lo tanto, casi la mitad del dinero (127,1 millones de euros) previstos en el anterior Plan del Carbón, ya no se recuperarán.
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En octubre del año 2013, los sindicatos, los empresarios y el Ejecutivo, entonces liderado por el PP de Mariano Rajoy, firmaban el Marco de Actuación para la Minería del Carbón y las Comarcas Mineras. Un documento que incluía una partida para la reconversión de los territorios otrora carboneros de 250 millones hasta el 31 de diciembre de 2018. Durante la legislatura pasada no se gastó ni un solo euro. Ni las reiteradas peticiones por parte de las autonomías afectadas (Asturias, Castilla y León y Aragón fundamentalmente), ni las quejas de los ayuntamientos, ni asociaciones como Acom-España, lograron que se movilizara ni un solo céntimo. Con la moción de censura a Mariano Rajoy y la llegada al Gobierno de Pedro Sánchez la situación no cambió, ya que el Gobierno socialista asumió los Presupuestos Generales del Estado que había aprobado el Ejecutivo del PP. Y esas cuentas son, a tenor de lo explicado por Isaac Pola, el lastre que impide que se invierta todo el dinero previsto en el anterior plan minero.
"Respecto a la cantidad dispuesta ahora, los 132,9 millones de euros es la factible en función de las disposiciones regulatorias de los Presupuestos Generales del Estado, que permiten a lo largo de estos tres próximos ejercicios ejecutar inversiones que deberían haberse ejecutado en el Marco 2013-2018", explicó Pola. Y abundó, "hay una serie de limitaciones que en función del presupuesto dispuesto en el pasado ejercicio determina esta cantidad como la máxima que establece la Ley presupuestaria". "Evidentemente, y tal como ha reflejado el propio Gobierno del Principado, lo deseable y lo que hemos reclamado reiteradamente al Gobierno anterior ha sido la ejecución de los 250 millones de euros comprometidos, pero en el periodo 2013-2018 no se ha ejecutado ninguno de estos proyectos prometidos".
El Consejero prosiguió su explicación indicando que "a partir de los Presupuestos de 2018 hay una senda que determina con una serie de normas la ley presupuestaria y que permite disponer como máxima cantidad a ejecutar en los próximos tres ejercicios estos 132,9 millones de euros". "Es el tope que se va a gastar", indicó Pola, que agregó que "a partir ahí, una vez que se sustancie la formalización específica de todos y cada uno de estos proyectos entrará en juego el nuevo Marco 2019-2027".
Por último, preguntado sobre cuándo se podrán comenzar a invertir los fondos que el Principado ha conseguido por vía judicial de los planes anteriores que en el año 2011, el ejecutivo de Mariano Rajoy decidió suspender unilateralmente, el responsable regional tampoco ofreció una fecha. "Como es sabido, la ejecución de las sentencias están en un proceso judicial, en tanto es difícil su previsión en cuanto a su resolución definitiva", concluyó.