El Consejo de la Sindicatura de Cuentas ha dado un toque de atención al Ayuntamiento de Mieres por su desatención a los informes que recibe del área de Intervención. El Consistorio mierense es, con mucha diferencia, la Administración municipal asturiana que más reparos levanta para abordar pagos. El problema radica, principalmente, en que el alcalde, Aníbal Vázquez (IU), se ve obligado a saltarse cada mes las objeciones de la propia fiscalización interna del Ayuntamiento para poder pagar las nóminas a los trabajadores. Así, en 2016, el último ejercicio analizado por la Sindicatura, el regidor levantó los reparos para abonar a la plantilla por un total de 11,2 millones. Los reparos totales desoídos por el gobierno local en 2016 conllevaron pagos de 12,4 millones. Ningún otro consistorio asturiano supera en este apartado los 1,5.
El gobierno de Mieres lleva años enfrascado en un conflicto laboral que ha encadenado sucesivos enfrentamientos con la plantilla. El regidor, paradójicamente, pese a las críticas del comité y la junta de personal a su gestión, ha venido sistemáticamente levantando los reparos al pago de las nóminas que firma Intervención. La Sindicatura de Cuenta acaba de advertir al Ayuntamiento de que está actuando, en este sentido, al margen de la legalidad.
El problema al que se enfrenta Aníbal Vázquez cada mes viene arrastrado desde 2009, cuando se firmó el polémico convenio laboral que sigue vigente en el Consistorio tras varios intentos fallidos de sellar un nuevo marco laboral. "Se asumieron subidas salariales que excedían el marco establecido por el Gobierno central", explican los responsables municipales consultados por este diario. Se refieren, por ejemplo, a que el Ayuntamiento exime a algunos de sus trabajadores del pago de ciertos impuestos, como el agua y la basura. Mes tras mes, Intervención advierte la anomalía. Con todo, el gobierno local levanta los reparos para que los trabajadores puedan cobrar su salarios.
En Mieres se han identificado 39 acuerdos contrarios a reparos comunicados. El órgano de intervención del Ayuntamiento emitió un total de 15 informes en los que formulaba reparos esenciales en relación con el reconocimiento de obligaciones derivadas de la nómina del persona. En los referidos informes, el órgano de Intervención ponía de manifiesto "la ausencia de resoluciones de Alcaldía o del concejal delegado que determinen la productividad y gratificaciones por servicios extraordinarios a percibir por los trabajadores". También repara en "el mantenimiento de personal objeto de contrato de relevo con posterioridad a la jubilación del trabajador relevado, accediendo a la plaza de empleo público sin proceso selectivo incumpliendo los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad, y percepción de retribuciones por encima de los límites legalmente previstos".
Este diario ya informó en su momento de que más de 40 empleados se quedaron como indefinidos en sus puestos en el periodo 2004-2010. Todos ellos tienen actualmente consolidados sus contratos, sin haber concurrido a una oferta pública de empleo. Lo hicieron debido a que en el convenio firmado en 2009 establecía este compromiso contractual. IU, tras suspender inicialmente estas contrataciones, las retomó el año pasado, pero ya delimitando el tiempo de duración de los contratos hasta el momento en que el trabajador sustituido se jubile de manera efectiva. En ese momento, el relevista queda desvinculado del Ayuntamiento, abriéndose entonces una doble alternativa: o bien se amortiza la plaza o bien se convoca una oferta pública de empleo.
El PP de Mieres afea al gobierno su "desapego" a la hora cumplir la legalidad. "Asumiendo que no se actúa de mala fe, es responsabilidad de los gestores solucionar las anomalías que existan y actuar bajo el amparo de la ley. Si un organismo detecta irregularidades en el pago de facturas superiores a 50.000 euros, nos preguntamos qué pasará con las facturas menores que tienen menor control", señala el concejal Fernando Hernández.
