Mieres proyecta cobrar a las eléctricas por el transporte de energía en el municipio, valorando la ubicación de tendidos y otras infraestructuras, como ya hacen los ayuntamientos de Morcín y Lena. El gobierno local (IU) tramita la contratación de un estudio que permitirá conocer la extensión total ocupada por las suministradoras de electricidad y gas. En Lena, en los Presupuestos de 2020, ya se incluyen los ingresos que supondrá el cobro: más de 250.000 euros.
"No es una orientación para Mieres, ya que Lena es un municipio con mucha más extensión", señaló el vicealcalde y concejal de Hacienda, Manuel Ángel Álvarez. El cobro de la tasa no tiene nada que ver con el número de habitantes. Sí con el espacio que ocupan las instalaciones eléctricas: torres, cableado, conductos del gas Con algún "pero": hay torretas de Red Eléctrica Española que están exentas del pago.
Manuel Ángel Álvarez explicó que "en este momento, estamos valorando la contratación de un estudio sobre el alcance de esta ocupación en el concejo". Tendrá que ser un informe minucioso para evitar recursos de las eléctricas. Aunque, desde 2017, la razón está en los ayuntamientos. Fue entonces cuando el Supremo falló que los municipios de Cimanes del Tejar y Quintanilla del Castillo (León) están avalados para cobrar la tasa.
El objetivo en Mieres es llegar a la misma meta, pero no a cualquier precio. Según explicó el Vicealcalde, "no tomaremos una decisión definitiva sobre la redacción de la ordenanza hasta que conozcamos el resultado de este primer estudio". Desde el gobierno local quieren estar "completamente seguros" de que tendrán una compensación para los vecinos antes de iniciar trámites que pueden resultar costosos para las arcas municipales. "Es lo que han hecho los municipios que van delante de nosotros en este proceso", matizó Álvarez.
En Morcín, el primer municipio de las Cuencas que cobró la tasa, tuvieron que redactar la ordenanza dos veces para ajustarse por completo a los requisitos legales. En Lena, esperaron al fallo del Supremo para tramitar de forma definitiva el cobro. La ordenanza se aprobó definitivamente en el Pleno del pasado mes de abril. Está previsto que la recaudación se invierta en el capítulo social, "el que más se resiente con la crisis".
