El dominico, natural de Colunga, participó en Mieres en la Semana Solidaria, donde contó el trabajo que realiza como misionero en El Seibo, en la República Dominicana, y los problemas de los campesinos a los que les han quitado sus tierras en favor de las multinacionales azucareras. Una lucha que lleva varios años y que, de momento, parece ver la luz al final de túnel.
- ¿Qué ocurre en El Seibo?
-Allí la tierra está en pocas manos, el 70% la ocupa una compañía azucarera, Central Romana, de caña de azúcar, que está trabajada por braceros haitianos sin documentación, apátridas, e incluso trabajan menores de 18 años por salarios de no más de 180 euros al mes. Trabajan de sol a sol todos los días, solo descansan Viernes Santo y Año Nuevo. Cuando terminan su vida laboral, a los 65 ó 70 años, tienen que irse de las casas que son de la misma compañía, o si no los desalojan, y este azúcar de sangre, sudor y muerte tiene esclavas a muchas personas desde 1916 que se comenzó a sembrar de caña de azúcar todo el este y el sur de República Dominicana, los campesinos están esclavizados por las azucareras.
- ¿Qué es Central Romana?
-Tiene su sede en Miami (EE UU) y el dueño es Alfonso Fanjul, nieto de emigrantes asturianos, de Noreña, que es uno de los principales causantes de todo. Y es que todo el comercio de caña de azúcar está en Estados Unidos.
- ¿Cómo es el trabajo de los dominicos en El Seibo?
-Los dominicos, desde siempre, hemos estado acompañado a los campesinos que han sufrido todo tipo de violaciones, porque llega el equipo con sus guardias campestres, les dice que esa tierra es suya y los lleva presos. Son campesinos que no saben leer ni escribir.
- Entre todos estos desalojos, ¿cuál fue de los más destacados?
-Fue en 2016. En Radio Seibo, un equipo de la familia dominica desde el año 1974, nos enteramos que los guardas campestres de Central Romana, unos 300, habían destruido 80 casas con gente inválida dentro, encañonando a los niños, y teniéndoles retenidos ahí durante varias horas. Todo eso lo denunciamos, pero la justicia de allí no corre demasiado rápido porque la Central Romana tiene mucho poder político y económico.
- ¿Y qué hicieron?
-Llevamos la denuncia a Ginebra, al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. La Relatora Especial para la Vivienda Adecuada escribió una carta condenando este hecho y se la envió al Ministerio de Asuntos Exteriores y a Central Romana, pero nunca hubo respuesta. A partir de eso hubo en El Seibo una reunión con la Fiscalía, ejecutivos de Central Romana, las mamás que habían sido víctimas y magistradas de los Derechos Humanos de la Procuradoría General de la República, y una fiscal de Santo Domingo. Después de esa reunión las magistradas de Derechos Humanos dijeron que se iba a condenar hasta la máxima expresión. Al mes tuvimos una reunión en Ginebra en la oficina de la embajada de la República Dominicana y también se nos dijo lo mismo. Pero en diciembre, a los dos meses, llegó la sentencia del Ministerio Público diciendo que no había nada que sancionar.
- ¿Hubo más desalojos?
-Varios meses después quisieron desalojar un batei, un poblado de población haitiana que corta la caña de azúcar, ahí mismo fuimos con el equipo de la radio e hicimos toda la programación desde una de las casas y ya nunca volvieron a desalojar.
- ¿Hay más compañías como Central Romana?
-Está el grupo Vichini, que también es muy potente allí, que tiene mucha caña de azúcar, quiso desalojar a un poblado de dominicanos y arrancó todas las tierras que tenían, pastos comunes como siempre han tenido los dominicanos. El consejo estatal del azúcar les dio 400.000 tareas, unas tarea son 640 metros cuadrados, a siete euros cada tarea. Nosotros paramos un tractor que estaba arando esas tierras, lo incautamos, lo llevamos a la Fiscalía, y cantidad de militares de los Vichini vinieron detrás de nosotros.
- ¿Cómo resultó?
-Incautamos un tanque de un veneno prohibido por las Naciones Unidas y logramos que el presidente bajara en visita sorpresa, que todos los domingos hace visitas sorpresa con sus ministros. En esa ocasión les concedió a los campesinos unas 6.000 tareas de tierras, pero a día de hoy, ha pasado año y medio, todavía se está recalificando el terreno.
- ¿En qué está metido ahora?
-Estamos acompañando a una asociación de campesinos llamada "Mamá tingo", que fue una líder campesina que luchó mucho por la tierra y la mataron. Son 613 campesinos y están desde generaciones en esa tierra, que se llama La Culebra, en Vicentillo, en la provincia de El Seibo. En 1975, el presidente Joaquín Balaguer declaró de utilidad pública esa tierra, aunque no dio títulos, y desde hace tres años, un terrateniente apoyado por otros terratenientes y políticos de la zona consiguieron del abogado del estado una orden de desalojo que destruyó muchas casas con el apoyo de sicarios. Hicimos denuncias ante todos los estamentos de El Seibo y no conseguimos nada.
- ¿Qué ocurrió con este desalojo?
-El año pasado, el 6 de septiembre, el abogado del estado desobedeció una orden del director del Instituto Agrario Dominicano, Emilio Toribio, en la que pedía que por favor no se dieran orden de desalojos hasta que terminaran de medir la tierra y concedieran a cada campesino lo que le pertenecía. Pero el abogado del estado dictó una orden de desalojo brutal en la que fueron como 100 militares y más de 100 tigres, que son los sicarios, le quitaron todo a la gente.
- ¿Qué pasó con los campesinos?
-A partir de ahí los tigres se quedaron en la tierra, no dejaban entrar a nadie, y de vez en cuando bajaban armados y herían a la gente, ellos mismos cogían a los campesinos, se los entregaban a la policía, y de ahí a la cárcel. Los campesinos han estado presos hasta cuatro meses, y el hecho más grave fue cuando mataron a un niño, Carlitos Rojas, de 12 años. Fue un sicario del terrateniente y el supuesto asesino está preso, pero el autor intelectual, apoyado por todos los demás, está tranquilo fuera de la cárcel.
- ¿Qué otras iniciativas han desarrollado?
-Fuimos a la capital haciendo una caminata de cinco días, seríamos 70 u 80 personas. Nosotros queríamos ver al presidente y dijimos que no nos iríamos de allí hasta que nos recibiera. Y así estuvimos seis días hasta que de madrugada llegaron militares y nos desalojaron a la fuerza, incluso nos amenazaron con bombas lacrimógenas. Finalmente nos acogieron las misioneras dominicas del Rosario que tienen una casa justo a dos esquinas de palacio. Allí nos hemos alojado durante todo este tiempo recibiendo mucho apoyo de los medios de comunicación. Todos, incluso los afines al gobierno, se hicieron eco de la noticia y lo condenaron.
- ¿Fueron recibidos?
-Nos recibió el ministro administrativo de la presidencia, José Ramón Peralta, se conmocionó por lo que le contamos y al día siguiente marcó una agenda de ruta, que se iba a medir la tierra y se iban a censar las familias beneficiarias de la tierra. Pero cuando fueron a medir la tierra, llegaron hombres armados y les amenazaron, así que se fueron.
- ¿Y qué ocurrió después?
-Volvimos a denunciar todo lo que había ocurrido y finalmente se convocó una gran marcha por todas las asociaciones y movimientos campesinos del país. La marcha acabó en un parque junto al palacio donde nos tiraron bombas molotov que incluso hirieron a los propios policías. Todos los medios se hicieron eco de la brutalidad del Gobierno, que finalmente se echó para atrás gracias a un amigo común que hizo de mediador. En este momento se están censando las familias, se está terminando de medir la tierra y no nos vamos a ir de ahí hasta que no se resuelva toda la situación, el ministro dijo que estamos haciendo demasiada presión, pero es que si nos vamos antes de tiempo, toda nuestra lucha no habrá servido para nada.
