La investigación del último accidente grave de la minería del carbón en España ha finalizado tras seis años de instrucción. Ocurrió en el pozo Emilio del Valle (Santa Lucía de Gordón, León), en la tarde del 28 de octubre de 2013. Seis mineros, entre ellos el lenense José Luis Arias, perdieron la vida. La Audiencia Provincial de León confirmó esta semana el auto de imputación dictado por el Juzgado de Instrucción número 4 de León. Irán a juicio 16 personas, a las que se les atribuye seis presuntos delitos de homicidio con imprudencia grave. Está incluida la cúpula de la Hullera Vasco Leonesa -presidente, vicepresidente y vocal-. Los familiares, tras seis años de dolorosa espera, piden que el juicio se celebre pronto: "Necesitamos que descansen ellos (los fallecidos) y nosotros".
Para los familiares, la vida se paró aquella tarde. Itziar Ríos es la viuda de Arias y madre de sus dos hijos, que entonces tenían cinco y once años. "Necesitamos justicia, pero de verdad. Aunque sea para poder llorar sus muertes", afirma. Hasta ahora, la instrucción ha sido muy lenta. Unas semanas después del suceso, la Comisión Regional de la Minería de Castilla y León publicó un primer informe que apuntaba al grisú como responsable de la muerte de los mineros.
El documento aseguraba que el "colapso brusco y posterior hundimiento de una bóveda cargada de carbón" había liberado el gas letal. Además, afirmaba que las causas del accidente se debieron a la "fatal casualidad" de los dos fenómenos consecutivos -el colapso y el hundimiento- que sucedieron "casi al mismo tiempo". El nivel de oxígeno bajo "de forma instantánea" hasta el uno por ciento. Fue un accidente "inevitable", según el mismo informe. Además de Arias, perdieron la vida Orlando González, Carlos Pérez, Antonio Blanco, Manuel Moure y Roberto Álvarez. Estos dos últimos eran rescatistas de la Brigada de Salvamento de la Hullera Vasco Leonesa.
Ese primer informe generó polémica, especialmente entre los familiares. El auto del Juzgado de Instrucción número 4 de León, que ahora confirma la Audiencia Provincial, es rotundo: "Se trabajaba sin seguridad y de forma muy peligrosa", señala. Y lo desarrolla a lo largo del escrito: desde el día 12 de octubre se habían superado "en más de la mitad de la jornada" los límites establecidos de gas metano. Se registraron valores "en general altos" durante la semana previa al accidente. El día del suceso se registró un corte de ventilación que provocó que el metano alcanzara el tres por ciento. A las 13,24 horas, cuando los mineros fallecieron, subió al cinco por ciento. Por tanto, para el juez, "fueron muchos los avisos e indicios de riesgo".
Por esos avisos que nadie atendió, hay dieciséis imputados. Además de la cúpula de la Vasco, irán a juicio cinco ingenieros de minas que ocupaban los cargos de jefe y subjefe del Grupo Tabliza, responsables del servicio de prevención de riesgos, cinco vigilantes de seguridad, el delegado minero de seguridad y la Hullera Vasco Leonesa. Todos habían presentado alegaciones a su imputación, que han sido denegadas. El último auto de la Audiencia también rechaza las reclamaciones de tres víctimas que sufrieron secuelas en el accidente, al entender que no forman parte de este procedimiento.
Los dieciséis investigados se enfrentan a seis delitos por imprudencia grave. La Fiscalía de Castilla y León considera que lo ocurrido era "previsible y evitable". Entre otras pruebas, apunta a que en 2009 la autoridad minera ya había declarado el Macizo número 7, entre las plantas 740 y 865 -el lugar del accidente- como "sospechosas de desprendimientos graves. También que la mina era de tercera categoría de grisú (escala del 1 al 4 que determina la peligrosidad). Los familiares consideran que la petición de la Fiscalía es "demasiado benevolente": solicita tres años y seis meses para cada imputado.
