El Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) ha tumbado la ordenanza municipal del Ayuntamiento de Mieres que regula el uso de la lengua asturiana en el ámbito del concejo. La sala de lo contencioso administrativo ha tomado esta decisión tras el recurso que planteó el PP el año pasado a raíz de aprobarse la citada resolución en el Pleno. Los magistrados establecen que el Consistorio asumió unos competencias que no le corresponden al tiempo que abordó la regulación sin ningún tipo de rigor económico.
La sentencia dictamina sin ambages que la citada normativa municipal debe anularse. Para empezar, el fallo recuerda que "es un hecho incuestionable que el bable no es una lengua cooficial en el Principado de Asturias". Por ello el Ayuntamiento de Mieres, en este caso, "es incompetente" para aprobar una ordenanza, ya que entre sus competencias no se incluye la de declarar la oficialidad de la llingua, algo que en todo caso debería corresponder al Estatuto de Autonomía.
El auto también recoge que se ha omitido la valoración económica: "No existe informe ni memoria económica habida cuenta de que a través de varios artículos de la ordenanza se desprende que necesariamente conlleva un coste económico y, a pesar de ello, no existe informe económico alguno, ni memoria económica". La sentencia condena a costas al Ayuntamiento de Mieres.
El PP advirtió en su momento en repetidas ocasiones que la iniciativa municipal excedía el marco legal. El que fuera concejal durante el pasado mandato, Fernando Pintueles, fue quien más insistió al gobierno local de IU para que desistiera de su planteamiento. Al final, los populares decidieron presentar un recurso.
"En su momento ya puntualizamos que apoyamos la lengua asturiana como elemento de unión y enlace cultural. De hecho, la única ley de protección del bable la aprobó el PP. Pero eso no es eximente para que un ayuntamiento asuma competencias libremente que no le pertenecen", señaló ayer el propio Fernando Pintueles.
El registro
El PP insistió ayer en algunos de los argumentos que ya esgrimió en su momento contra la ordenanza invalidada. "No es uno de los temas prioritarios para la mayoría de los vecinos de Mieres. De hecho, cuando se aprobó la normativa no se había presentado ni un sólo escrito en asturiano en el registro municipal", subrayó Pintueles. "El concejo tiene otras prioridades que requieren de la atención política y administrativa del Ayuntamiento, que ahora tendrá además que pagar unos mil euros en costas más el coste de la propia defensa jurídica", añadió el dirigente popular.
"Queremos criticar el populismo mostrado a la hora de aprobar esta ordenanza. No se pueden destinar recursos, personal y tiempo a iniciativas que no generan demanda social de ningún tipo", añadió el presidente del PP de Mieres, José Manuel Rodríguez.
