El perversamente invulnerable convenio laboral que se firmó en el Ayuntamiento de Mieres en 2009 y que una década después aún está vigente sigue provocando estragos. Tras servir de campo de minas a las más que tensas relaciones laborales arrastradas desde el fallido plan de ajuste de 2012, ahora amenaza con golpear al gobierno de Aníbal Vázquez (IU), que si bien no participó en la gestación del polémico acuerdo, ya que llegó a la Alcaldía en 2011, podría acabar pagando su impericia a la hora de liberarse de este envenenado marco laboral. Y lo cierto es que no será porque no lo han intentado incesantemente.
El Tribunal de Cuentas del Principado ha abierto una investigación que tiene como base el contenido del informe de la Sindicatura de Cuentas sobre la conocida desatención que el Ayuntamiento de Mieres hace a los informes que recibe del área de Intervención. Estas diligencias previas, que ya han sido rebatidas con alegaciones, podrían acabar con el Alcalde y algunos de sus más estrechos colaboradores enjuiciados. Los abogados consultados por este periódico aseguran que sería "perfectamente factible" que la onda expansiva salpicara también al último gobierno del socialista Luis María García, responsables últimos del convenio firmado en 2009.
De momento, lo que ya es oficial es que el Tribunal de Cuentas ha abierto diligencias preliminares contra el Ayuntamiento. Todo gira en torno a un informe de la Sindicatura de Cuentas correspondiente al ejercicio de 2016. El Consistorio mierense es, con mucha diferencia, la Administración municipal asturiana que más reparos levanta para abordar pagos. El problema radica, principalmente, en que el Alcalde se ve obligado a saltarse cada mes las objeciones de la propia fiscalización interna del Ayuntamiento para poder pagar las nóminas a los trabajadores municipales. Así, en 2016, el último ejercicio analizado por la Sindicatura, el regidor levantó los reparos para abonar los pagos a la plantilla por un total de 11,2 millones, poniendo el foco en las citadas subidas y complementos indebidos. Los reparos totales desoídos por el gobierno local en 2016 conllevaron pagos de 12,4 millones.
La irregularidad a la que se enfrenta Aníbal Vázquez cada mes viene arrastrada desde 2009, cuando se firmó el polémico convenio laboral. Se asumieron subidas salariales que excedían el marco establecido por el Gobierno central. Por ejemplo, el Ayuntamiento exime a algunos de sus trabajadores del pago de ciertos impuestos, como el agua y la basura. Mes tras mes, Intervención advierte la anomalía. Con todo, el gobierno local levanta los reparos para que los trabajadores puedan cobrar sus salarios.
Atrapados
La pregunta clave es por qué el gobierno local sigue atrapado por un convenio laboral que no desarrolló y del que ha venido renegando insistentemente. En su momento el gobierno de IU denunció el convenio para desarrollar un nuevo marco laboral, pero resultó improductivo. Se llegó a firmar un nuevo convenio, pero informes técnicos lo tumbaron. Cuando en 2012 en la práctica el convenio quedó en suspenso con el plan de ajuste, los sindicatos pidieron amparo en los tribunales y los juzgados les dieron la razón, recuperando los complementos eliminados. Es más, el gobierno de Mieres denunció en 2018 en los juzgados el convenio laboral de 2009. El equipo de Aníbal Vázquez intentó sin éxito iniciar un contencioso-administrativo después de siete años levantando los reparos de intervención al pago de los salarios del personal municipal. La irregularidad radicaba en que los gestores municipales de IU afirmaron haber constatado que, en su momento, el Ayuntamiento dirigido por el PSOE "ocultó" a Trabajo el informe de intervención que advertía de la "indebida" subida salarial. Todo esto ha quedado recogido en las alegaciones municipales.
El pago de las nóminas contra reparos de Intervención no es la única anomalía que el Ayuntamiento debe explicar. La Sindicatura de Cuentas también ha puesto reparos por "el mantenimiento de personal objeto de contrato de relevo con posterioridad a la jubilación del trabajador relevado, accediendo a la plaza de empleo público sin proceso selectivo incumpliendo los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad, y percepción de retribuciones por encima de los límites legalmente previstos".
Este diario ya informó en su momento de que más de 40 empleados se quedaron como indefinidos en sus puestos. Todos ellos tienen actualmente consolidados sus contratos, sin haber concurrido a una oferta pública de empleo. De nuevo subyace en convenio de 2009. Se quedaron en sus puestos debido a que en el controvertido marco laboral, excediendo sus competencias, establecía este compromiso contractual. IU, tras suspender inicialmente estas contrataciones, las retomó el año pasado, pero ya delimitando el tiempo de duración de los contratos hasta el momento en que el trabajador sustituido se jubile de manera efectiva. En ese momento, el relevista queda desvinculado del Ayuntamiento, abriéndose entonces una doble alternativa: o bien se amortiza la plaza o bien se convoca una oferta pública de empleo. Ahora bien, si bien el grueso de las incorporaciones irregularidades se produjeron antes de la llegada de IU a la Alcaldía, también las hubo posteriormente, bajo el amparo del convenio.
Tregua laboral
Las diligencias abiertas por la Fiscalía llegan justo cuando en el Ayuntamiento se ha firmado la primera tregua laboral en años. El acuerdo alcanzado para abordar la reorganización y modernización de los servicios parece haber normalizado las relaciones. En paralelo ya se ha iniciado la tramitación para el estudio y desarrollo de una relación de puestos de trabajo. El informe costará en torno a 100.000 euros y el gobierno local espera poder tener operativa esta herramienta en 18 meses. Esta es la herramienta que el gobierno local necesita desde hace años, según se reconoce a nivel interno, para acabar con el largo periodo de "caos" organizativo.
