El concejo de Mieres tiene más de un millar de viviendas construidas en el siglo XIX, la mayor parte de ellas abandonadas en la cada vez más despoblada zona rural. El deterioro de muchos de estos inmuebles pone en peligro en ocasiones la seguridad de vecinos y propiedades. En su momento el Ayuntamiento decidió abordar el problema asumiendo actuaciones de derribo por ejecución sustitutoria. A lo largo del último lustro ya se han acometido 25 actuaciones de este tipo.
El plan de derribos del Ayuntamiento de Mieres ha eliminado lo que podría equivaler a todo un pueblo en ruinas. Unas acciones, puntualizan los responsables municipales, que se realizan siempre después de varios requerimientos de forma oficial a las personas propietarias –responsables últimas del estado de sus inmuebles– y cumpliendo siempre con todos los requisitos y procedimientos legales.
Últimas actuaciones
Por poner un ejemplo, una de las actuaciones más relevantes se desarrolló el pasado mes de abril. Las tareas, con una inversión conjunta de algo más de 88.000 euros (IVA incluido), englobó la demolición siempre por ejecución subsidiaria de dos inmuebles situados en Entrerríos, dos en El Lago y uno en Santo Emiliano. Cabe recordar que el dinero que se invierte en estos trabajos se reclama posteriormente a la persona o personas propietarias.
Desde el área de Desarrollo Urbano Sostenible se recuerda a las personas propietarias de los inmuebles “su responsabilidad de mantenerlos en buen estado y se pide que se tengan en cuenta los avisos previos que se hacen desde la inspección urbanística para evitar que llegue a ser declarado en ruinas”. Una labor que en ciertas ocasiones cae en saco roto, por lo que los ayuntamientos se ven obligados a desarrollar planes de derribo de ruinas, con un coste para las arcas municipales que posteriormente no siempre se puede recuperar.
La prioridad que se marca el Ayuntamiento de Mieres a la hora de decidir qué inmuebles derriba por ejecución sustitutoria es clara: “peligrosidad, salubridad y, por último, el ornato”. El Gobierno local ha duplicado en los últimos años la partida destinada al derribo de inmuebles en ruina por ejecución sustitutoria, que asciende ahora a 200.000 euros anuales, con el objetivo “de poder actuar evitando situaciones de riesgo y afrontando los problemas de salubridad que este tipo de inmuebles pueden causar”.
