Mientras duró la guerra civil española cada bando tuvo sus propias instituciones y la Justicia no fue una excepción, con unos magistrados fieles a sus respectivos gobiernos que aplicaron las leyes vigentes en cada zona. En otras ocasiones nos hemos ocupado de los tribunales franquistas integrados por magistrados que debían acreditar su fidelidad a la Iglesia católica y a la rebelión militar y en muchos casos habían tenido una participación directa en la preparación del alzamiento del 18 de julio.
De esta forma, como sabemos, sus sentencias no fueron más que un instrumento dedicado a la represión que se prolongó en los primeros años de la posguerra en los llamados juicios farsa cuando los jueces militares se convirtieron en una siniestra caricatura de los antiguos inquisidores con el poder absoluto para resolver en diez minutos varios casos a la vez y dictar condenas fulminantes sin que los abogados defensores hubiesen podido leer con tiempo los sumarios ni conociesen a sus defendidos hasta que los veían en el estrado.
En la zona republicana, tras un breve periodo de caos inicial, con detenciones arbitrarias, requisas de bienes y asesinatos practicados por grupos extremistas sin ningún control, el Estado intentó recuperar el poder judicial dictando los decretos del 23 y 25 de agosto de 1936 por los que se crearon tanto en Madrid como en todas las capitales que seguían bajo el control del Gobierno central tribunales especiales encargados de juzgar los delitos de rebelión, sedición y los cometidos contra la seguridad exterior.
Posteriormente, una Ley del 7 de mayo de 1937 los calificó como «populares», según la terminología que en ese momento ya se había recuperado en otras instituciones, aunque lo cierto es que se componían de tres magistrados –la llamada sección de derecho– y un jurado también denominado «popular», pero que en realidad no representaba a todo el pueblo sino únicamente a la ciudadanía que militaba en los sindicatos y partidos de izquierdas o podía demostrar su simpatía con la República.
Más adelante, en el mes de junio, se crearon otros tribunales para juzgar los delitos de espionaje y alta traición y en noviembre de 1937 y marzo de 1938 los especiales de guardia, conocidos por su dureza, que ya no pudieron constituirse en Asturias porque aquí ya se había establecido las instituciones del nacional-catolicismo.
Juan Carlos Gómez, conocido restaurador de «Las Candelas», la pionera pizzería familiar que funciona en Gijón desde hace más de 50 años, me pasa el libro «Contra rebeldes, traidores y espías: la justicia republicana en Asturias durante la Guerra Civil (1936-1937)». Se trata de una parte de la tesis doctoral del historiador Pedro Luis Alonso García donde se recogen algunos procesos del Tribunal Popular Provincial de Justicia de Asturias.
Según el autor, este órgano que tuvo su sede en Gijón se creó el 12 de septiembre de 1936 por un decreto firmado por Belarmino Tomás y Amador Fernández y en él los tres jueces de Derecho fueron el magistrado de la Audiencia de Oviedo José Fernández Valdés, quien ejerció como presidente; Rafael Bonmati Valero, que era Juez de instrucción de Cangas de Onís y el abogado Juan Pablo García Álvarez, de quien ya hemos contado en esta página como, ya en el exilio, se convirtió en uno de los juristas más prestigiosos de Latinoamérica. Con ellos estuvieron en cada ocasión los jueces instructores, los fiscales, el secretario y los catorce jurados populares correspondientes.
Sin embargo, todo indica que a pesar de los esfuerzos de las autoridades aún fue difícil acabar con los actos de violencia incontrolados. Por ello el 15 de octubre de 1936 Belarmino Tomás, que entonces todavía era presidente del Consejo Interprovincial de Asturias y León antes de declarar la Soberanía, firmó un edicto por en el que se regulaban las detenciones, traslado y liberación de presos advirtiendo que todas estas acciones debían contar con la orden previa de los mandos competentes y los infractores serían considerados facciosos y entregados al Tribunal Popular.
Ahora quiero contarles una causa concreta sobre un hecho que con el paso del tiempo, al margen de otras consideraciones, ha adquirido el carácter de curiosidad histórica para Mieres. Es el proceso que llevó el número 103 de los celebrados en el Juzgado Especial nº 2 incoado por el delito de espionaje contra unos vecinos muy conocidos en esta villa: Maximino Rodríguez Suárez, Eusebio Patón Rodríguez, Luis Rodríguez Patón y Jacinto Álvarez Rivero.
El escrito de la Fiscalía señalaba que los cuatro habían confeccionado y llevado encima un plano de Mieres en el que estaban señalados objetivos militares, que según un informe del Estado Mayor podían ser de interés para el enemigo. Se acusaba a Jacinto Álvarez de haber sido el autor material del plano, levantado en su oficina, para entregárselo a los otros tres quienes habían recorrido con él distintos frentes de guerra antes de ser descubiertos, sin que hubiesen podido demostrar el motivo de su comportamiento.
Eusebio Patón y Maximino Rodríguez tenían responsabilidades en Fábrica de Mieres y según los informes que fueron presentados por las Milicias de Retaguardia su comportamiento había sido malo para los obreros y se calificaba a ambos como fascistas. Además Eusebio había ejercido la presidencia local de Acción Popular, un partido surgido en 1931, solo quince días más tarde de la proclamación de la República como un frente político para defender a la religión católica, a la propiedad y a la familia y que fue el origen de la Confederación Española de Derechas Autónomas.
Julio Costales, con quien Mieres sigue teniendo pendiente un recuerdo que guarde para siempre su memoria como uno de los mejores estudiosos de las cosas de esta villa, dejó escrito que Acción Popular llegó a tener aquí 1600 afiliados, una cifra que aunque considero muy elevada no puedo contradecir porque desconozco de dónde pudo haberla obtenido.
Por otra parte, el Partido Comunista, Izquierda Republicana, el Socorro Rojo Internacional y el Comité de Control de UGT de Fábrica de Mieres se posicionaron a favor de Jacinto Álvarez y remitieron al Juzgado nº 2 un informe en el que aseguraban que este acusado, que era jefe de la oficina técnica de la Fábrica era un hombre de izquierdas afecto al Régimen Constitucional Republicano y desde el inicio de la sublevación militar se había puesto a disposición del Comité de la Fábrica como asesor y jefe técnico del mismo. Además la Asociación de Trabajadores de la Enseñanza ATEA certificó que Jacinto estaba afiliado a este sindicato.
Finalmente, el 12 de marzo de 1937 Eusebio Patón Rodríguez y Maximino Rodríguez Suárez fueron considerados culpables de espionaje y condenados a pena de internamiento perpetuo en un campo de trabajo, mientras la fiscalía retiró la acusación sobre Jacinto Álvarez Rivero y Luis Rodríguez Patón con un auto del Tribunal Popular que dictó el sobreseimiento de la causa y su puesta en libertad.
Ya en plena posguerra, Luis Rodríguez Patón, cabo voluntario en la División Azul participó en enero de 1942 en la llamada «Acción del lago Ilmen» para rescatar a una guarnición alemana cercada en Vsvad y en los combates que se sucedieron sufrió graves congelaciones por lo que se le concedió la Cruz de Hierro de 2ª clase.
Según Pedro Luis Alonso García, el Tribunal Popular en Asturias instruyó cincuenta sumarios por espionaje con un total de ochenta y un encausados, de los que resultaron cinco penas de muerte y aun así cuatro de ellas fueron conmutadas, de manera que solo llegó a ejecutarse una. También hubo dos condenas a reclusión perpetua, que fueron las de los dos mierenses, seis acusados fueron penados con treinta años y uno con veinte años, nueve resultaron absueltos y tres casos sobreseídos. Otros veintisiete se anularon y ni siquiera llegaron a ser vistos, veintidós se enviaron a otros juzgados, de cuatro no se documentó el resultado final y dos menores de edad fueron internados en el reformatorio que existía en La Isla.
El 1 de octubre de 1937 se constituyó un nuevo órgano llamado Tribunal Especial para los delitos de espionaje y alta traición de la Zona del Norte de España, del que también formó parte Juan Pablo García, pero fue una institución que ya nació muerta. Solo tuvo tiempo de juzgar dos causas antes de que los magistrados abandonasen Asturias desde el puerto de Avilés en la draga Somo rumbo a Lorient adelantándose en una semana a la última reunión que celebró el día 20 el Gobiernín de Belarmino Tomás para decidir la huida definitiva de sus componentes ante la inminente caída de Asturias en manos del ejército franquista.
Pocos días más tarde la historia abría otro capítulo: los acusados pasaban a ser los jueces de sus antiguos acusadores y el hecho de haber sido condenado por el Tribunal Popular se convertía en un mérito que ayudaba a abrir muchas puertas en el nuevo Régimen.
