La jueza desbloquea la venta del Grupo El Arco, que los acreedores a los que deben 17 millones podrán recurrir más adelante
Dos autos del juzgado mercantil desestiman la petición de paralizar ya el plan, pero matizan que sí sería posible en otro momento procesal

La tienda que el Grupo El Arco tiene en la plaza de abastos de Sama de Langreo. | L. M. D. / Luisma Díaz

La venta de los supermercados del Grupo El Arco (Langreo) al gallego Grupo Cuevas puede seguir adelante, al menos por el momento. Así lo han ratificado dos autos del Juzgado de lo Mercantil número 1 de Oviedo, el mismo que a principios de mes paralizaba el proceso. En estas semanas, el tribunal ha estudiado los dos "incidentes de excepcionalidad" presentados por varias empresas a las que El Arco adeuda dinero. El Juzgado desestima su petición de parar la venta y el proceso de reestructuración de la deuda del grupo langreano. Sin embargo, esto no quiere decir que la venta vaya a realizarse de forma definitiva.
En ambos autos, el Juzgado de lo Mercantil explica a las pequeñas empresas acreedoras que no es el momento procesal adecuado para solicitar la paralización. Sí que podría hacerse más adelante, ya que "el procedimiento se encuentra inconcluso". En este punto del proceso, solo podrían haber presentado la petición de parar la operación las distintas entidades bancarias que prestaron dinero a El Arco, a las que debería alrededor de 9 millones de euros. Simplificando, todavía no ha llegado el turno de los "pequeños" acreedores: casi 600 pequeñas y medianas empresas a las que se les han dejado de pagar 17 millones de euros.
El Juzgado, atendiendo "a las especiales circunstancias que derivan del presente procedimiento y a la naturaleza de los intereses del conflicto", no ha obligado a pagar las costas del proceso judicial a ninguna de las partes.
El preacuerdo entre El Arco y Grupo Cuevas contempla la venta de 29 tiendas, de marca Economato y Arco Plaza, así como de dos plataformas logísticas. Inicialmente, Cuevas se quedaría con el 90 por ciento de la compañía y El Arco les transferiría el 10 por ciento restante en dos años. Como primer paso, El Arco mantiene la gestión de la plantilla –más de medio millar de trabajadores– y el Grupo Cuevas se encargará del suministro de mercancías. El Arco tiene actualmente 599 trabajadores, según recoge el plan de reestructuración de la empresa. Al margen de los acuerdos privados que hayan podido alcanzar vendedor y comprador, el documento recoge la necesidad de abordar 28 despidos. La deuda con la plantilla asciende a 270.000 euros.
Los débitos totales de El Arco superan los 31 millones de euros, de los cuales 22 millones son impagos a sus proveedores. De ellos, 17 millones se adeudan a casi 600 pymes y a autónomos. Con el convenio de venta firmado por El Arco con el Grupo Cuevas, dejarían de cobrar más de 12 de estos 17 millones: el documento plantea directamente una quita del 70% de la deuda. Del 30% que percibirían, un 5,5% se reservaría para "posibles contingencias" en la operación de reestructuración. Por tanto, a los proveedores se les ofrece cobrar un 24,5% del dinero que reclaman. Además, el pago sería amortizable en ocho años. Un convenio a priori muy ventajoso para la parte que debe el dinero (los supermercados) y para el comprador, pero que los pequeños productores consideran inviable y que consideran que llevaría al cierre de muchos negocios, según apuntan los propios afectados.
Estos acreedores son alrededor de 600 y tienen casi todos ellos un gran arraigo con el territorio, siendo en buen número negocios artesanales que tienen a El Arco como uno de sus principales clientes. A más de 200 se les adeuda entre 10.000 y 40.000 euros. Se les pide, como ya se ha explicado, que de los cerca de 17 millones que tienen pendiente de cobrar, en conjunto, renuncien a 12. Más individualizado, quien tenga 30.000 euros paralizados, cobraría únicamente 9.000. Lo haría en un plazo de 8 años y, además, de esta cantidad deberían dejar otros 1.350 euros en una bolsa para contingencias. "Nos quieren arruinar, pidiéndonos que sufraguemos con nuestro dinero la operación de saneamiento", señalan los portavoces de los afectados.
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