El pasado miércoles, las trabajadoras de la Escuela Infantil de Mieres publicaban un artículo de opinión en este periódico que provocó perplejidad y sonrojo. Llevan razón en defender sueldos dignos pero exhiben una falta de solvencia y rigor que, cuando menos, es motivo de preocupación. Mezclar una justa reivindicación salarial con falsedades sólo hace un flaco favor a quienes firman el artículo. Recurrir a la demagogia puede ser tentador pero sólo deteriora la credibilidad de quien lo hace.
La opinión pública tiene derecho a manejar información veraz y rigurosa, como requisito indispensable para poder tomar decisiones. Es algo básico en democracia. Por eso creo necesario poner sobre la mesa hechos y datos, constatables todos ellos.
Hechos: hace 13 años, en 2003, el Ayuntamiento y la Consejería de Educación firmaron un convenio para poner en marcha una Escuela Infantil en Mieres. El acuerdo se puede resumir de la siguiente forma: el Principado se encarga de la dirección de la Escuela, nombrando al Director o Directora entre sus funcionarios docentes, y garantiza la financiación para que el Ayuntamiento pueda pagar el resto del personal, manutención y funcionamiento. Las retribuciones de este personal se fijaban según lo establecido en el convenio colectivo que firmaron la Federación Asturiana de Concejos, UGT y CC OO. Para ello, en aquellos años, los Ayuntamientos asturianos convocaron bolsas de empleo y contrataron al personal correspondiente con cargo a la subvención del Principado, que es la administración competente.
En el caso de Mieres, los contratos se realizaron en 2003 bajo la modalidad temporal de fin de obra aunque, posteriormente, el juzgado reconoció que tenían carácter indefinido.
Hechos: las trabajadoras de la Escuela Infantil no son funcionarias municipales, sus puestos de trabajo no son consecuencia de una oposición pública sino, como se mencionó anteriormente, de una Bolsa de Empleo que se convocó en su momento. Es evidente que tienen un contrato de trabajo con el Ayuntamiento pero sus retribuciones se fijan en el convenio colectivo que firmó la FACC y los sindicatos, el que se aplica en la Red de Escuelas Infantiles del Principado de Asturias. Por tanto, su salario no lo estipula el Ayuntamiento de Mieres sino el convenio colectivo de Escuelas Infantiles.
Datos: Mieres dispone de 14 técnicas de educación infantil, 9 de ellas con jornada completa y un sueldo bruto medio de más de 18.500 euros. Otras cinco tienen media jornada y una retribución bruta media de algo más de 10.000 euros. Su salario es el que fija su convenio colectivo. No estamos, por tanto, ante una discriminación de género en el Ayuntamiento de Mieres (acusación gravísima que se ha realizado gratuita e irresponsablemente).
En 2015, el Gobierno del Principado aportó 209.444 euros para financiar la Escuela de 0-3 años de Mieres, una cantidad que ni tan siquiera permite cubrir los salarios brutos de las 14 técnicas (más de 215.200 euros anuales). Las cuotas de las familias supusieron otros 96.000 euros y el Ayuntamiento tuvo que aportar otros 55.219 para poder pagar todos los gastos. Una cantidad inferior a la que tuvimos que hacer frente en 2014 (121.139 euros) y 2013 (141.112 euros), años en la que la aportación de la Consejería fue notablemente más baja: 124.204 (en 2013) y 133.229 euros (en 2014)
Se nos acusa de indiferencia con la Escuela pero, por citar tan sólo un ejemplo, fue el compromiso del Gobierno de Mieres el que hace posible cuente con cocina propia, un servicio que supone un mayor gasto pero que consideramos básico para los bebés que acuden a diario. No es frecuente, la mayoría recurren al catering.
Nos acusan, entre otras cosas, de falta de voluntad política pero el Gobierno de Mieres no se ha quedado en meras palabras ni hemos utilizado esta reivindicación para hacernos una foto y buscar un titular. Para nosotros la política es algo serio, incompatible con el regate corto y la hipocresía que tanto abunda. Por eso asumimos el asunto con la seriedad y rigor que se merece y actuamos en coherencia.
En la administración hay leyes y procedimientos que son de obligado cumplimiento para todos. Las Escuelas de 0 a 3 años dependen de la Consejería de Educación, que es la administración competente y, por tanto, la que tiene en su mano la solución del problema. Por eso el Alcalde se reunió con el Consejero y defendió que el Gobierno de Asturias ponga fin a esta situación y afronte un aumento de las subvenciones a los Ayuntamientos para las Escuelas de 0 a 3 años y, de esta forma, podamos afrontar la subida de sueldos en el marco de una progresiva integración de esta etapa en el sistema educativo público asturiano, que es donde debe estar. El Principado tiene en su mano resolver esta situación y puede hacerlo en cuestión de meses. Es más, el Alcalde también emplazó a la FACC a tomar cartas en el asunto, asumiendo como propia esta reivindicación, apoyando unos sueldos más justos ante la Consejería y actualizando el convenio colectivo firmado en su día.
Somos conscientes que el Gobierno está sometido a la crítica pública. Es algo básico y necesario en democracia. Somos conscientes que nuestra gestión siempre es mejorable, y trabajamos para conseguirlo. Somos conscientes que nuestro esfuerzo no permite satisfacer todas las demandas pero también todos debemos tener en cuenta que los recursos son limitados, que las cuentas tienen que cuadrar y que la situación económica del Ayuntamiento de Mieres está marcada por el endeudamiento, la pérdida de población y la reducción de ingresos. El presupuesto del Ayuntamiento sale de los bolsillos de los vecinos, a través de sus impuestos, y tenemos la obligación de gestionarlos con responsabilidad y austeridad. Una cosa está clara: mientras este Gobierno esté al frente, el Ayuntamiento no volverá ser un agujero sin fondo.
Es legítimo pedir soluciones al Ayuntamiento, pero la solución a este problema está en otras manos. Es legítimo criticarnos por lo que hacemos mal, pero es injusto hacerlo por aquello que no está en nuestras manos resolver. Es legítimo pedir sueldos más dignos, pero es demagógico justificarlo con denuncias falsas de discriminación por razones de género. Es legítimo defender los derechos, pero es obligado hacerlo desde la solvencia y el rigor.