Puede que este año recién iniciado permita un poco de optimismo en el ámbito escénico, tras más de un lustro de disgustos, recortes y decisiones arbitrarias que lo han dañado desde todos los frentes políticos, sin excepción.
Las artes escénicas aguardan expectantes una rebaja del IVA que se les aplica, actualmente en el veintiún por ciento, un porcentaje escandaloso en el mundo desarrollado y ajeno a la realidad de los países que nos rodean. Tras varios años de aplicación de la tasa al máximo, la situación actual es tremenda: ha traído consigo una merma abultada del número de espectadores que acuden a los espectáculos y una disminución de la oferta porque, en una tormenta perfecta, hay que sumarle los tijeretazos presupuestarios de las administraciones públicas que se han llevado por delante ciclos enteros, festivales y demás eventos culturales.
El IVA escénico -que también afecta al cine, pero no a otros sectores culturales- ha tenido, por tanto, un efecto perverso propiciando el cierre de agrupaciones de pequeño formato, débiles e incapaces de competir con las grandes formaciones de mayor músculo financiero. Ha sido un desastre que esperemos ahora se corrija con otra aritmética parlamentaria más sensible a una carga impositiva razonable.
Otro gran problema eterno que afecta de lleno al mundo de la música, entre otros, es el de la nefasta política estatal en lo que al mecenazgo se refiere. Las administraciones públicas se inhiben de su obligación de acercar la cultura a la población y a la vez tampoco facilitan que la iniciativa privada se sume a su apoyo. En el resto de los países europeos las leyes de mecenazgo responden a su nombre y ofrecen incentivos importantes a particulares y empresas para que apuesten por la cultura de manera decidida. En nuestro país parece que el legislador lo que pretende es que no se invierta ni un euro de capital privado. Si exceptuamos las ayudas a eventos extraordinarios, que se autorizan a nivel político desde el propio gobierno de la nación y que suelen caer siempre del mismo lado, o sea de los que más tienen, el resto de entidades logran, a duras penas, migajas que apenas sirven como un complemento auxiliar para sus necesidades de financiación real.
Tampoco estaría nada mal una mayor coherencia en el reparto de las subvenciones ministeriales. Una mera ojeada a los Presupuestos Generales del Estado de cada año supone acceder a un caprichoso listado de despropósitos. No existe el menor rigor en los fondos que se dedican a temporadas de ópera o ciclos musicales. Mientras unos nadan en la opulencia, otros se han de conformar con los restos y, sin protestar, no vaya a ser que se queden sin nada. El propio Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música, y sus unidades de gestión nacionales -que algunas de ellas entienden que su labor no ha de ir más allá de la madrileña M-30, pese a que están financiadas por los impuestos de todos los españoles- son el mejor ejemplo de lo que no se ha de hacer en un país que aspire a una mínimo criterio en el reparto coherente de los fondos públicos.
Curiosamente no estoy reclamando más que una solvente gestión desde las instituciones, que éstas sirvan de soporte a la actividad cultural y no un freno como hasta ahora. Quizá estoy pidiendo demasiado.
No estaría nada mal una mayor coherencia en el reparto de las subvenciones ministeriales
