Comienza septiembre y con el mes el nuevo curso político, un inicio que viene marcado por las consecuencias económicas y sociales de la pandemia que aún no se habían superado; por la guerra de Ucrania, que nos ha dejado un aumento de los precios de las materias primas, de la energía, de los combustibles y de los alimentos, además de un riesgo cierto de corte del suministro del gas ruso a Europa y un encarecimiento de su precio. A todo ello hay que añadir las crecientes tensiones entre EE UU y China, que pueden desestabilizar aún más el comercio internacional, la sequía, los incendios… Todo esto genera una situación de incertidumbre que merma nuestro crecimiento económico y amenaza las condiciones de vida de miles de personas.
Lo que sí sabemos es que esta crisis ha traído una inflación disparada del 10,4%, sobre todo con un aumento de precios de productos de primera necesidad, como los alimentos básicos, y un cambio de rumbo en la política monetaria del BCE. Esto hace que nuestro poder adquisitivo se deteriore, sobre todo el de las familias más vulnerables, de las personas que tienen menos ingresos. Todo ello se contrapone con la escalada que están teniendo los beneficios empresariales, dado que las empresas están repercutiendo la inflación en los precios finales de venta.
El Gobierno está tomando medidas que van en la buena dirección, pero también va a ser necesario controlar los mercados topando los precios de productos de bienes y servicios de primera necesidad; llevar a cabo la jornada de 32 horas, que beneficiará el ahorro energético; líneas de crédito para las familias por la subida de las hipotecas, y cada vez más préstamos para primeras necesidades; subir los salarios más bajos e incrementar el salario mínimo interprofesional a 1.100 euros; mantener el poder adquisitivo de las pensiones; y subir el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), que repercute en las personas más vulnerables.
Es importante que el Pacto de Rentas reparta los efectos de esta crisis para que no recaiga solo sobre la clase trabajadora, algo para lo que pedimos y exigimos responsabilidad a las empresas.
Creemos que la competitividad de las empresas se consigue con inversión en I+D+i, con productos y servicios de alto valor añadido, aprovechando los fondos europeos, formando sobre todo en TIC y digitalización a los trabajadores y a las trabajadoras, y, en definitiva, no ser competitivas a costa de empeorar las condiciones laborales.
Este nuevo curso tiene que venir marcado por la palabra consenso a todos los niveles, de los gobiernos con los agentes sindicales y empresariales, y de los grupos políticos.
Este consenso es fundamental para conseguir aprobar unos presupuestos para Asturias en el año 2023. Así como para seguir apostando por la concertación regional y consensuar una nueva alianza por las infraestructuras, donde hablemos de infraestructuras también logísticas y digitales.
En este nuevo curso, todos y todas tenemos que formar parte de la solución.
