Algunas de las principales asociaciones que representan a los afectados por la intervención de Fórum Filatélico y Afinsa calificaron este viernes de "aberrante" y "politizada" la decisión de la Audiencia Nacional de rechazar que el Estado indemnice a los clientes por la falta de supervisión y regulación.
El presidente de la asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros (Adicae), Manuel Pardos, criticó en declaraciones que la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional -donde todavía se investiga la presunta estafa cometida por ambas empresas- se haya inclinado "por las tesis del Gobierno".
Para Pardos, la decisión de los magistrados es "lamentable", y "aumenta la desesperación para las familias cuya única tabla de salvación era la Justicia". El presidente de Adicae aseguró que está "clarísimo que la trama de los sellos era un fraude" y que "la Administración nunca quiso ejercer la actividad de control que pudo haber ejercido".
"Una barbaridad jurídica"
La organización arremetió además contra la intención de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional de aplicar los mismos criterios para los más de 500 recursos que tendrá que resolver, después de haber adoptado una decisión para los 25 primeros. "Tienen que mirar sentencia por sentencia, y no tomar la misma decisión para todos", declaró Manuel Pardos, quien también criticó que sólo puedan recurrir ante el Tribunal Supremo aquellos con inversiones superiores a 150.000 euros, lo que a su juicio supone "una barbaridad jurídica y una vergüenza social".
Según los datos de las asociaciones de afectados, más del 80% de los clientes de Fórum o Afinsa tenían inversiones inferiores a 20.000 euros, y sólo el 1% cumpliría los requisitos para el recurso de amparo.
Agotarán todos los recursos
Por su parte, el portavoz de la asociación Perjudicados Fórum Madrid, José Javier López de Castro, se adhirió totalmente a las críticas de Adicae al señalar que "los magistrados de la Audiencia Nacional han dado por bueno párrafo por párrafo lo que dice el Abogado del Estado".
López de Castro calificó de "insulto" que la Audiencia Nacional considere a los clientes de colaboradores necesarios en la firma de contratos "simulados" de inversión financiera. "Los perjudicados sentimos decepción, indignación y una tristeza profundísima porque somos los apestados de la sociedad española", declaró el portavoz, que también consideró que el Tribunal Supremo debería hacer una excepción en cuanto al perjuicio económico exigido para recurrir porque se trata de "un problema social".
Ambas asociaciones coincidieron en señalar que a pesar de esta limitación intentarán recurrir "por todas las vías", es decir, ante el Tribunal Supremo, el Tribunal Constitucional e incluso el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
Por su parte, la Confederación de Consumidores y Usuarios (CECU) de Madrid mostró su acuerdo con la sentencia, ya que esta organización defendía que no existió responsabilidad patrimonial del Estado y no presentó denuncia ante la Audiencia Nacional, al considerar que "el resto de consumidores no debe pagar por lo que fue un negocio estrictamente privado".
