Barcelona / Oviedo, Agencias

El presidente de La Caixa y de la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA), Isidre Fainé, afirmó ayer que las cajas «ya están privatizadas» y que el objetivo de la cercana reforma de la legislación sobre estas entidades es ayudar a que «duren 200 años más» con un marco jurídico que les permita ganar instrumentos de capital. Las cajas de ahorros españolas tiene la forma jurídica de fundaciones privadas con fines sociales, aunque las instituciones públicas tienen generalmente una posición de control.

Fainé salió así al paso de los sectores -políticos y sindicales, principalmente- que cuestionan la entrada de capital privado en las cajas de ahorros. La reforma que prepara el Gobierno y que presumiblemente apoyará el PP supone que las entidades puedan emitir cuotas participativas (especie de acciones) dotadas de derechos políticos, para reforzar su capital. La CECA defiende esta vía para captar recursos ante la también cercana entrada en vigor de normas internacionales (Basilea III) que impondrán a las entidades financieras la obligación de incrementar su capital.

Una de las claves de la futura Ley de Cajas será el límite que se establezca para las emisiones de cuotas participativas; a la postre, el nivel máximo de capital privado que se autorizará. Isidre Fainé declinó ayer pronunciarse sobre ese asunto, ya que, dijo, está en proceso de definición.

Preguntado por las fusiones entre cajas españolas, el presidente de la patronal del sector la defendió como reestructuración del sistema para conseguir la «masa crítica» suficiente para economías de escala «adecuadas». Respecto a las pequeñas cajas que todavía no se han acogido a ningún proyecto de integración, evitó pronunciarse: «No estoy dentro de otras cajas», argumentó.

Entre esas pequeñas están las cajas rurales, que también ultiman procesos de integración. Las asturianas -Caja Rural de Asturias y Caja Rural de Gijón- están embarcadas en proyectos de fusiones virtuales, mediante el Sistema de Protección Institucional (SIP).

Por su parte, el presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, descartó pronunciarse sobre una eventual fusión de las cajas de su comunidad (Bancaja y CAM), que por ahora mantienen las distancias. «Quienes tienen que hablar son los presidentes de las entidades», se limitó a decir.