La mayoría de las viviendas asturianas tiene problemas de eficiencia energética

Las viviendas asturianas son poco eficientes en materia energética. Desde el pasado 1 de junio es obligatorio que las casas y pisos de nueva construcción y las ya construidas que se ponen a la venta o a alquiler pasen un examen para conocer su grado de eficiencia. En este tiempo, la Consejería de Economía y Empleo ha tramitado 3.400 certificados energético, y la mayoría de los inmuebles obtienen calificaciones deficientes. El certificado evalúa las viviendas en una escala que va desde la «A» (la más favorable) hasta la G (la menos favorable). El 81% de esas las casas que ya han sido calificadas en la región se concentran desde la «E» hacia abajo, en los tres últimos escalones del «ranking».

La mayor parte de los fallos que las viviendas cometen en materia de energética son por deficiencias en el aislamiento y en las instalaciones. En la franja de las casas menos eficientes -aquellas que se concentran entre las calificaciones «F» y «G» y que se consideran que tienen un alto grado de consumo energético- se sitúan casi un 40% de los pisos evaluados hasta ahora. De hecho hay otra relevante proporción de casas (el 26,5%) que se sitúan en el último escalón. El mayor número de viviendas examinadas por los técnicos autorizados obtiene la calificación «E», las que obtienen una peor calificación dentro del grado de consumo medio. Ninguna casa, hasta el momento, ha recibido la «A» del sobresaliente.

El director general de Minería y Energía, Isaac Pola Alonso, asegura que el hecho de que la mayor parte de las viviendas evaluadas se concentren en las zonas bajas de la calificación «era algo que sospechábamos». Según argumenta Pola, ese resultado obedece a lo envejecido que está el parque de viviendas, pese al auge constructor que se registró hasta 2008. Las viviendas de nueva construcción ya suelen recibir buenas calificaciones en estos exámenes energéticos y son las que se concentran en las zonas altas del «ranking». En cambio, las más antiguas copan la parte baja de este barómetro.

Hasta el momento, el Principado ha tramitado unos 3.400 certificados energéticos. Pola asegura que el registro de estas calificaciones comenzó muy despacio al principio, pero desde hace unas semanas ha cogido una importante velocidad y se están recibiendo una media de un centenar cada día en las oficinas de la Consejería. Inicialmente, la obligación legal de disponer de estos certificados causó una gran revuelo en el sector inmobiliario. Muchos propietarios de pisos ofrecidos en venta o en alquiler denunciaban que había un gran desconocimiento sobre los pasos que debían de seguir para obtener la certificación. Pasada la confusión inicial, en los últimos días se ha acelerado con fuerza la entrada de solicitudes Según Pola se está haciendo un análisis muy exhaustivo de las evaluaciones que están llegando. «Queremos ser muy rigurosos en el análisis y con la calidad de las evaluaciones, sobre todo ahora, al principio», destaca Pola. Por eso, en algunos casos desde la Consejería se ha pedido a quienes expenden estos certificados que aporten documentación complementaria antes de darlos de paso.

A través de la web de la Consejería de Empleo se está elaborando también una lista de profesionales y empresas capacitados para poder expedir estos certificados. «Lo que queremos es que los usuarios tengan una referencia de quiénes están cualificados para llevar a cabo estas prácticas», explica el director general. El Principado busca de esta forma prevenir situaciones análogas las que se están dando en otras comunidades, como Madrid y Andalucía, donde los colegios de ingenieros vienen denunciando prácticas de intrusismo profesional. Según la normativa, son los propios ingenieros industriales, además de arquitectos, ingenieros técnicos industriales y algunos especialistas con titulación de formación profesional, quienes están autorizados para realizar las calificaciones energéticas. En las últimas semanas ha surgido en Asturias un elevado número de negocios dedicados a realizar estos exámenes.

Según los ingenieros industriales, cada certificado cuesta una media de 250 euros, un precio semejante al que se cobra en países como Alemania. No obstante, cada profesional puede poner la tarifa que estime oportuna. Según algunas datos del mercado, los precios oscilan entre 90 y 300 euros.