Asturias es la comunidad en la que más renuncias a heredar se producen. Un 14,9% de los herederos asturianos (casi uno de cada seis) rechazaron el año pasado hacerse cargo de los legados que les habían correspondido, presumiblemente porque no podían afrontar las cargas que traían consigo. Tal proporción ha subido intensamente en estos años de crisis en toda España, pero especialmente en el Principado, una de las regiones donde mayor es la presión fiscal sobre los herederos a través del impuesto de sucesiones. En 2007, las renuncias afectaban al 4,8% de las herencias, diez puntos menos que ahora.
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Las comunidades en las que el citado tributo es más alto son también las que tienen los porcentajes más elevados de renuncias y aquellas en las que más se han incrementado durante los últimos siete años. Andalucía y Murcia, también con una fuerte presión fiscal, ocupan posiciones altas en el ranking que encabeza Asturias. Pero también sobresalen La Rioja y Baleares, que tienen un tributo mucho más moderado. En el conjunto de España, un 9,5% de los españoles rechazaron en 2014 sus herencias.
En ese año, renunciaron 1.501 herederos asturianos, según datos del Consejo General del Notariado. Se trata de un nuevo récord y supera en un millar los casos que se daban antes de la crisis económica.
Los herederos suelen renunciar en primer lugar por las cargas financieras (deudas) que acompañan muchas herencias en épocas de crisis, aunque también puede influir el alcance de los tributos, según el criterio de los notarios. Aceptar una herencia supone que quien la recibe tiene que hacerse cargo tanto de los bienes como de las deudas que el difunto hubiera podido dejar sin pagar. Cuando las cargas son superiores a los bienes, el heredero queda obligado responder con su propio patrimonio, lo que hace que muchos se echen para atrás.
El alto endeudamiento de las familias explica que con frecuencia las herencias traigan consigo obligaciones de pago en forma de préstamos hipotecarios o créditos personales. Incluso en los casos en que el fallecido había avalado a familiares por la compra de una casa la responsabilidad se traslada a los herederos.
Otro de los momentos que pueden resultar críticos para el heredero es el de hacer las cuentas del impuesto de sucesiones. Asturias está a la cabeza en España de la presión fiscal sobre las herencias. En territorio asturiano están exentos de abonar esta tasa las adquisiciones en favor de hijos, padres o cónyuges cuando la base imponible (el valor de la herencia, descontadas las deducciones) es inferior a 150.000 euros y el patrimonio preexistente de los beneficiarios no supera los 402.678 euros. Aunque las bonificaciones favorecen a un elevado número de contribuyentes, son menos generosas que las que hay en otras comunidades.
Qué hacer con este tributo ha centrado una parte de la última campaña electoral de la región. El PSOE, el partido más votado en los comicios, prometió eliminar el llamado "error de salto" que se da cuando las herencias superan los 150.000 euros (la barrera en la que está puesta la bonificación) y que provoca que por un solo euro de diferencia se tengan que pagar 18.000 euros por sucesiones. El PP, por su parte, había prometido suprimir la aplicación del impuesto.
La capacidad normativa de las autonomías en el impuesto de sucesiones ha provocado grandes diferencias entre unas regiones y otras. La comisión de expertos que asesoró al Gobierno para la última reforma tributaria aconsejó establecer unos mínimos y unos máximos para homogeneizar el tributo. No obstante, la citada reforma pasó por el alto ese debate, que quedó aplazado hasta una próxima negociación sobre el sistema de financiación autonómica. El Gobierno retomará entonces la citada propuesta.
Madrid es una de las comunidades que tiene las condiciones más ventajosas. Así, la cuota a abonar por un contribuyente que recibe una herencia de 540.000 euros (formada por una vivienda habitual, una segunda residencia, 50.000 euros en cuentas bancarias y 30.000 en acciones cotizadas) asciende a más de 85.000 euros en Asturias y a sólo 851 si tiene su residencia fiscal en la capital española.