Asturias ha tenido en los dos últimos años más contribuyentes del impuesto de patrimonio que en los dos precedentes, lo que supone que en plena crisis aumentó el número de individuos cuyos bienes (inmuebles, depósitos, valores...) están valorados en más de 700.000 euros. Según la interpretación de la Agencia Tributaria, ese incremento se explica al menos en parte por las políticas antifraude desplegadas durante los últimos años para que aflorasen cuentas y otras posesiones situadas en países extranjeros y que permanecían ocultas al Fisco.

El crecimiento del número de personas acaudaladas fue cercano al 3% en el conjunto de España entre 2013 y 2012, según datos sobre el impuesto de patrimonio conocidos ayer. El padrón fiscal de este tributo aporta información acerca de los contribuyentes obligados a declarar y que son aquellos que tienen bases imponibles que rebasan los 700.000 euros. En esa medida se trata de un indicador sobre cómo evoluciona la posición patrimonial de las clases más pudientes, aunque no incluye a todos sus miembros y suele omitir a los más ricos de todos. Ocurre que el citado tributo grava a las personas físicas y no a las jurídicas, de modo que quedan fuera de su ámbito las sociedades patrimoniales y de inversión que suelen utilizar las grandes fortunas.

A decir de los expertos, más que a esas grandes fortunas el impuesto de patrimonio afecta a las capas altas de las clases medias, personas que declaran por IRPF rentas anuales de entre 75.000 y 100.000 euros y patrimonios que como promedio rondan los 2,2 millones en el caso de Asturias. Los contribuyentes del impuesto de patrimonio fueron en la región 3.739 en 2013 (declaraciones presentadas en 2014), 96 más que un año antes. Y Hacienda esperaba casi 3.900 declaraciones durante la campaña que se desarrolló hasta el pasado 30 de junio.

Que se hayan incrementado en plena crisis los contribuyentes con patrimonios elevados abona la tesis de que las dificultades económicas de estos años, con impactos severos en una mayoría de la población, han aumentado las desigualdades. Distintos indicadores y estudios sostienen que las diferencias entre la parte más rica y la más pobre han aumentado intensamente en la sociedad española, incluida la asturiana. España, con más de tres millones de personas que viven en una situación de privación material severa, es el cuarto lugar de la UE con mayor grado de desigualdad, según un estudio Oxfam Intermón divulgado ayer.

Pero el aumento de los contribuyentes obligados a pagar impuesto de patrimonio (tributo suprimido en 2007 por el PSOE, recuperado en 2011 y mantenido por el PP) también guarda relación, según otras explicaciones de la Agencia Tributaria, con las políticas contra el fraude fiscal, en particular las medidas desplegadas para hacer aflorar cuentas y otras propiedades situadas en el extranjero. Tras la "amnistía fiscal" de 2012, el actual Gobierno aumentó la presión para que afloraran esos bienes. Habría crecido también así la nómina de los españoles con patrimonios que rebasan los 700.000 euros.

Ese es el límite de la base imponible a partir del cual están obligados a tributar por el impuesto de patrimonio los contribuyentes en la mayor parte de España, salvo en Madrid, que aplica una exención generalizada. La base imponible se obtiene tras sumar el valor de los bienes y restar el de las deudas. La vivienda habitual está exenta hasta un máximo de 300.000 euros. Los 3.739 contribuyentes asturianos afectados por el citado tributo declararon en 2013 un patrimonio agregado de 8. 203,5 millones, la mayoría (72,5%) en depósitos, acciones y otros valores mobiliarios.