El BCE atiza el fuego

Los mercados financieros dan por hecho que el Banco Central Europeo (BCE) amplificará hoy sus medidas extraordinarias de política monetaria. La expectativa la generó su presidente, Mario Draghi, el 21 de enero, y la renovó el 26 de febrero en Shanghái. Las Bolsas avanzaron ayer apoyadas en esta posibilidad y en la apreciación del petróleo.

Si se confirma un incremento de medidas excepcionales (se especula con un aumento de las compras mensuales de deuda y una mayor penalización a la banca por aparcar su liquidez), será la cuarta vez desde 2014 que el BCE acreciente la dosis. Como en ocasiones precedentes, el BCE lo atribuirá al éxito de su receta, aunque es obvio que lo hace por la insuficiencia de su resultado.

El BCE está muy presionado para actuar con mayor vigor. Desde enero, y pese a la política ultraofensiva de los grandes bancos centrales, y tras ocho años de políticas anticrisis globales, FMI, Banco Mundial, OCDE y Comisión Europea revisaron a la baja las previsiones de crecimiento mundial al menor nivel en cinco años, el PIB europeo se desacelera desde hace un año, los últimos datos adelantados sobre la actividad manufacturera apuntan a su debilitamiento en Europa, China y EE UU, la inflación sigue baja (0,3% en la eurozona en enero) y los tipos a largo plazo se están acercando a la tasas de corto, lo que evidencia un aumento del miedo a un retroceso económico más o menos inminente.

El BCE se amparará en el cumplimiento de su mandato (situar la inflación en torno y por debajo del 2%) para atizar el fuego y desoír el malestar alemán por la fabricación de dinero. Al ampliar la base monetaria, inyectar dinero en el sistema y redoblar los tipos negativos a la banca, el Eurobanco trata de prevenir el riesgo deflacionario, depreciar el euro, dinamizar la economía y hundir aún más los tipos de interés. Pese a que la tasa oficial ha agotado su recorrido a la baja (0,05%), el tipo de depósito aplicado a la banca está en negativo (-0,30%) y el euribor también se mueve por debajo de cero, la economía, lejos de responder con brío a los estímulos, evidencia síntomas de lentificación. Así que, una vez agotada la política monetaria convencional, el recurso a la política extraordinaria persigue generar inflación para de este modo deprimir los tipos reales (el tipo nominal menos el IPC) a tasas aún más negativas.

La operación tiene riesgos de fracaso porque no es descartable que ya esté ocurriendo un típico cuadro de "trampa de liquidez". El exceso de capacidad instalada en el mundo y los precios a la baja disuaden la inversión productiva, y más cuando los bajos tipos de interés permiten aplazar las apuestas por la productividad y facilitan la pervivencia de estructuras ineficientes, prolongando así la capacidad ociosa, determinante del derrumbe de los precios y de la baja inflación. En esta condiciones, no hay expectativas de rentabilidad por más que bajen los costes financieros, por lo que la inversión no se reactiva, y la gigantesca creación de dinero por los bancos centrales afluye hacia los mercados financieros y de activos, generando burbujas y desplazamientos masivos de capitales, que incurren en la asunción de riesgos crecientes a la búsqueda de oportunidades de rentabilidad. Los movimientos bruscos de capitales itinerantes dejan a su paso perturbaciones y crean inestabilidad como las vividas desde enero en los mercados.

Con costes financieros tan livianos, los acreedores se empobrecen y el estrechamiento de los márgenes aboca a la banca al riesgo de deterioro de resultados y a que se reabran las dudas sobre su solvencia, lo que ya hundió las Bolsas en enero y febrero. Los tipos nimios tampoco estimulan el desendeudamiento de la economía, y la ausencia de inflación (pese a la expansión cuantitativa) no ayuda a atenuar el peso relativo de los débitos. El alto endeudamiento es otra de las causas del débil crecimiento. Es probable que la receta monetaria esté agotada y es obvio que los bancos centrales han perdido capacidad de respuesta si el PIB siguiese deslizándose hacia otra recesión.

Ayer, la Comisión Europea exigió a España que aplique la Ley de Estabilidad para controlar el desvío presupuestario de las comunidades autónomas y poder cumplir así con el compromiso de reducir el déficit público por debajo del 3% del PIB este año.