España tiene algo más de un millón de viviendas alquiladas que escapan al control del Fisco y 18.500 de ellas están en Asturias, según una estimación de los técnicos de Hacienda agrupados en el sindicato Gestha. Los arrendamientos sumergidos, bajo al lupa de Hacienda durante los últimos años dentro de las políticas antifraude, han remitido desde 2008 en la región, pero aún suponen un tercio del total.
Los propietarios que tienen rendimientos por alquileres están obligados por ley a tributar por ellos como parte de la base imponible general del impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF), y es una práctica muy extendida que tales ingresos no se declaren en el supuesto de las viviendas. Conforme a los cálculos de Gestha, el 41,4% de los arrendamientos de pisos y casas están en esa situación irregular, de modo que los propietarios dejan de pagar impuestos por rentas netas que superan los 3.870 millones de euros al año.
Los técnicos estiman los alquileres que no están declarados cruzando los datos del Censo de Población y Vivienda, que informa sobre el número de inmuebles en régimen de arrendamiento, y los correspondientes a la reducción a la que tienen derecho todos los propietarios que sí declaran sus ingresos. Así, el censo dice que en Asturias hay 57.033 viviendas alquiladas como residenciales habituales, pero el número de las notificadas a efectos de la referida reducción es de 38.528. El parque inmobiliario supuestamente fraudulento está por lo tanto formado por 18.505 unidades. Y las rentas que escapan al control de Hacienda por esa vía en Asturias se calculan en unos 50 millones de euros, de acuerdo con el mismo informe de Gestha.
Tal cantidad de alquileres sumergidos equivale al 32,4% del total. Asturias ocupa con ese dato una posición inferior a la media. Las mayores bolsas de fraude se sitúan en Murcia (61,1%), Canarias (55,6%) y Andalucía (55,4%). Por lo general, los arrendamientos sumergidos son particularmente frecuentes en la mitad sur de España y en las regiones más turísticas. Asturias está al nivel de Madrid y del País Vasco y por encima de las tres regiones donde esta forma de fraude es menos intensa: Aragón (21,2% de los alquileres no declarados), Castilla y León (23,1%) y Galicia (25%).
La proporción de arrendamientos no declarados, aun siendo muy importante según los expertos, ha descendido durante los últimos ochos años. En 2008, el número de casos también estimado por Gestha alcanzaba en Asturias el 42,2% del total. Los técnicos de Hacienda asocian el afloramiento de alquileres ocultos a varias causas. En primer lugar, los beneficios fiscales que conlleva declarar los ingresos por arrendamiento (reducción del 60% del rendimiento neto y hasta del 100% hasta 2015 si el inquilino era menor de 30 años) han estimulado la regularización fiscal de los contratos. Por otro lado, el cruce de datos entre las deducciones estatales y autonómicas que tienen los arrendatarios también ha permitido a la Agencia Tributaria localizar alquileres ocultos. Hacienda lo ha hecho además mediante otros dos procedimientos: las comprobaciones en las viviendas que se declaran como vacías pero que tienen altos consumos energéticos y, a menor escala, las visitas que realiza el personal de la citada agencia.
La más reciente iniciativa de la Administración tributaria para combatir este fraude es el seguimiento de los anuncios que los propietarios cuelgan a menudo en internet (en portales inmobiliarios y plataformas de economía colaborativa). Con ocasión de la campaña de la renta que está en macha desde principios de abril, Hacienda está utilizando al información reunida en esas páginas web para advertir a los propietarios de que declaren sus rendimientos en el supuesto de que hayan alquilado efectivamente los inmuebles anunciados. La Agencia Tributaria controla también en estos casos la evolución de los consumos energéticos para verificar si las casas están ocupadas.
