Estados Unidos es el país no perteneciente a la Unión Europea con mayor relación comercial con Asturias. El pasado año, el 9,3% de las exportaciones del Principado, valorado en 350,1 millones de euros, tuvo como destino el país norteamericano y de allí procedía el 11,2% de los productos que importó Asturias, valorado en 363,7 millones de euros, según la Secretaria de Estado de Comercio de España. La relación económica es más intensa, por ejemplo, que la que mantiene el Principado con Francia, y de ahí la importancia para la región del acuerdo de libre comercio que negocian la Comisión Europea y el Gobierno de Barack Obama, que ambas partes pretenden cerrar este mismo año.
La denominada Asociación Transatlántica sobre Comercio e Inversión (TTIP por su siglas en inglés y ATIC en español) se viene negociando desde 2013, pero es ahora cuando las voces críticas han llegado a los titulares por los focos de oposición que han surgido en Alemania, Austria y, sobre todo, Francia, donde el presidente François Hollande ha anunciado que pedirá a sus socios europeos el fin "puro, simple y definitivo" de las negociaciones porque, a su juicio, están "desequilibradas" a favor de los estadounidenses.
¿Le conviene a Asturias que se frene el acuerdo?. "A priori, creo que para Asturias y España entrar a formar parte de un área comercial que genera aproximadamente el 60% del PIB mundial sería una gran oportunidad para el crecimiento de nuestras empresas y con ellas de nuestra capacidad de producción y empleo", señala Joaquín Manuel Lorences, catedrático de Fundamentos del Análisis Económico de la Universidad de Oviedo, que añade que, "no obstante, el alcance del impacto de esta integración depende en buena medida de las negociaciones sectoriales, ya que no son negociaciones homogéneas ni tienen porqué ser simétricas para todas las actividades y países". Lorences destaca, por ejemplo, que en las negociaciones para la incorporación al mercado común europeo al sector lechero español se le restringió su capacidad de producción a dos tercios del consumo nacional, lo que condicionó su crecimiento.
"Por esa razón, la negociaciones deberían ser transparentes como mínimo a nivel de países y no solamente a nivel de Bruselas, donde los únicos que están mejor informados son Francia y Alemania", señala el catedrático.
Manuel Hernández Muñiz, profesor titular de Economía Aplicada de la Universidad de Oviedo, destaca que la firma del acuerdo beneficiaría principalmente a las pequeñas y medianas empresas (pymes) asturianas que exportan a Estados Unidos o pretenden hacerlo. El pasado año 356 compañías de la región lo hicieron y 87 son exportadoras habituales. "Para las grandes compañías, como puede ser el caso de Arcelor-Mittal, Asturiana de Zinc o Duro Felguera, el acuerdo puede tener unos efectos marginales, porque esas empresas ya tienen penetración en Estados Unidos, tienen más recursos y medios para superar las barreras regulatorias y además la supresión o reducción de aranceles tiene unos efectos limitados porque ya son bajos, de entre un 2% y un 4% de media; sin embargo, para las pymes asturianas puede ser muy importante porque sufren con mayor intensidad las barreras no arancelarias, como es la caso de las burocráticas, sanitarias, de calidad, etiquetado? que con el acuerdo se equipararían".
Hernández Muñiz destaca que el acuerdo es recíproco, lo que puede facilitar la inversión de las empresas de Estados Unidos en Asturias, pero también acabar con medidas de protección para sectores asturianos como el ganadero. "Habría que analizar sector por sector el acuerdo para calibrar su efecto en Asturias", apunta el profesor de Economía Aplicada de la Universidad de Oviedo.
La Comisión Europea (CE) y el Gobierno de España sostienen que el TTIP es "una gran oportunidad" para las pymes españolas y asturianas por la reducción o, en la mayoría de los casos, supresión de aranceles, por la disminución de costes burocráticos, por el acceso a ámbitos del mercado estadounidense que hasta ahora estaban prácticamente cerrados y porque permitirá ampliar la lista de denominaciones geográficas protegidas. Para defender sus argumentos, la Comisión y el Ministerio de Economía y Competitividad incluyeron en una publicación 40 ejemplos de pymes que apoyan el TTIP, entre ellas cinco asturianas: la sociedad cooperativa Agrovaldés, que exporta quesos a Estados Unidos; conservas artesanas Agromar, Farho Domótica, Rioglass Solar y Samoa Industrial. Los responsables de las dos primeras empresas, ambas del sector alimentario, destacan del acuerdo, sobre todo, la reducción de costes arancelarios que permitirán ofrecer precios más competitivos en Estados Unidos, la armonización de las normas técnicas y fitosanitarias, y la agilización del registro de productos. Farho Domótica, que ya exporta sus equipos domésticos a 20 países, ve en el TTIP una oportunidad para entrar en Estados Unidos; Rioglass Solar considera que facilitará la armonización reglamentaria del sector de las energías renovables y facilitará la movilidad de la mano de obra cualificada, y Samoa Industrial, que fabrica sistemas de bombeo, ve una oportunidad de acceso a las licitaciones públicas de la Administración Norteamericana.
No obstante, el catedrático Joaquín Manuel Lorences apunta que en las negociaciones sobre el TTIP "no se puede olvidar que las empresas industriales españolas y asturianas tienen un tamaño muy inferior a las existentes en Estados Unidos". Concretamente, destaca que en Asturias casi el 84% son microempresas, con menos de 10 trabajadores, y en el conjunto de España representan cerca del 85%, mientras que en Estados Unidos solamente suponen el 65%. "Estas asimetrías determinan, en primer lugar, que la productividad de la industria americana sea significativamente superior a la nuestra y, por otra parte, su mayor tamaño proporciona a las empresas norteamericanas ventajas sustantivas tanto en la negociación con los proveedores de recursos específicos como y sobre todo con los demandantes de los productos que venden", señala Lorences, que añade que en Alemania ese problema estructural no preocupa porque las microempresas son menos frecuentes que en Estados Unidos, mientras que en Francia, con un 87%, son aún más abundantes que en España. "Seguramente por esta razón Francia ha liderado el movimiento de resistencia frente al acuerdo y ha planteado la ruptura de las conversaciones sobre el desarrollo del TTIP", afirmó Lorences.
Antes de que el Gobierno francés de Hollande anunciara su rechazo a la negociación, numerosas plataformas ciudadanas habían instado a los diferentes gobiernos europeos a frenar el proceso. En el Principado está constituida la plataforma "Asturias no a los tratados de libre comercio", que ha conseguido que, de momento, que ocho ayuntamientos de la región (los principales Langreo y Mieres, gobernados por IU) se declaren como territorios libres de TTIP. Una propuesta en el mismo sentido se debatirá en octubre en el consistorio de Oviedo y ha sido rechazada en la Junta General del Principado, donde sólo fue respaldada por los grupos de Podemos e IU.
En la citada plataforma están integrados los sindicatos mayoritarios, UGT y CC OO. De ellos vienen algunos de los temores y alarmas más relevantes sobre el impacto del Tratado Transatlántico. "El acuerdo obligaría a igualar a la baja las regulaciones en materia de protección laboral o social y hay que tener en cuenta que Estados Unidos no ha ratificado, por ejemplo, acuerdos internacionales contra la discriminación de la mujer en el trabajo", afirma Amable González, secretario de Relaciones Institucionales de CC OO de Asturias.
La plataforma "Asturias no a los tratados de libre comercio" reanudará en octubre las movilizaciones en la región contra el TTIP. "El principal riesgo del acuerdo es que acabe con la capacidad política de los gobiernos democráticos creando un marco encorsetado en beneficio de las grandes multinacionales", afirma Sixto Arman, portavoz de la plataforma, que también teme que el acuerdo suprima medidas proteccionistas que en el caso del sector agroganadero pueden perjudicar a Asturias y beneficiar al industrializado campo norteamericano; que facilite la privatización de servicios esenciales como el de la sanidad o que rebaje la protección medioambiental. "Está extendida la idea de que en materias como la medioambiental la regulación de Estados Unidos es más relajada, pero luego nos encontramos con casos como el de las emisiones de los motores diesel de Volkswagen, que se detectan en Norteamérica y no en Europa", destaca por su parte el profesor de Economía Aplicada Manuel Hernández Muñiz.
