Los asturianos con patrimonios elevados aumentan en número y nivel de riqueza

Asturias es una de las regiones donde aumenta el número de contribuyentes del impuesto de patrimonio, al que están sujetos aquellos que poseen bienes y derechos por un valor neto superior a 700.000 euros (descontando las deudas y el valor de la vivienda habitual hasta 300.000 euros). Durante 2015, un total de 3.786 asturianos presentaron la declaración de patrimonio, el mayor número desde que a partir de 2010 el tributo fue recuperado por el Gobierno del socialista José Luis Rodríguez Zapatero, que tres años antes lo había suprimido. Ese avance se explica por el efecto de la recuperación económica sobre los negocios e inversiones de las personas acaudaladas, aunque también por la presión de las inspecciones tributarias.

El citado impuesto aporta información acerca de la posición patrimonial de las clases más pudientes, si bien no alcanza a todos sus miembros y con frecuencia suele omitir a los más ricos. Es así porque el tributo grava a las personas físicas, no a las jurídicas, de modo que quedan fuera de su ámbito las sociedades patrimoniales y de inversión que suelen utilizar las grandes fortunas. Una corriente de expertos sostiene que el impuesto afecta principalmente a las capas altas de las clases medias, aunque también a empresarios, inversionistas y profesionales que forman parte de las élites económicas. En el caso de Asturias, los contribuyentes declaran como promedio patrimonios valorados en 2,23 millones de euros y, a efectos del IRPF, rendimientos anuales superiores a los 76.000 euros.

La información que ayer divulgó la Agencia Tributaria sobre las declaraciones presentadas en 2015 (ejercicio fiscal de 2014) muestran que hay más asturianos que sobrepasan el límite que obliga a tributar (700.000 euros de base imponible) y que también ha aumentado la riqueza de esas personas. El número de obligados tributarios creció el 1,26% interanual y su patrimonio medio, el 2%. El conjunto de bienes y derechos declarados asciendió a 8.479,6 millones, 276 millones más que un año antes.

Ese incremento está muy concentrado en el capital mobiliario (acciones, depósitos...). El valor total atribuido a esos activos fue de 6.143,1 millones. La cuenta comprende las participaciones en empresas que están exentas de tributar. Se trata de las acciones en sociedades donde el contribuyente posee al menos el 5% del capital y desempeña funciones directivas. Este grupo de contribuyentes está formado sobre todo por propietarios-gestores de negocios de titularidad familiar.

Al contrario que 2015, el de 2014 fue un ejercicio favorable para los mercados bursátiles (el Ibex 35 español ganó el 3,66% en el año). Ello puede explicar una parte relevante del aumento patrimonial de los contribuyentes acaudalados. Su capital negociado en esos y otros mercados alcanzó los 2.073 millones, 170 más que en 2013. Las cuentas muestran además un claro desplazamento del dinero desde los depósitos bancarios hacia los fondos de inversión. El valor del capital colocado en estos últimos aumentó el 20% y el invertido en acciones de empresas cotizadas lo hizo el 17%. En cambio, se produjeron desinversiones en deuda pública y muy especialmente en las cuentas de ahorro, al hilo de los bajos tipos de interés. La cuantía de los depósitos (996 millones) bajó casi el 10% ante la fuga de dinero hacia productos con mayores rendimientos.

El aumento del número de sujetos obligados a tributar por patrimonio abona la tesis de que las dificultades económicas de estos años, con impacto severos en gran parte de la población, han aumentado las desigualdades. En el mismo año al que se refieren los datos del impuesto de patrimonio, la Encuesta de Condiciones de Vida del Instituto Nacional de Estadística reflejó que la tasa de riego de pobreza se mantuvo en Asturias en el 16,7% de la población y que los asturianos con privación material severa había aumentado del 5,1% al 6,9%).

La evolución del número de contribuyentes cuestiona por otro lado la opinión, sostenida desde organizaciones empresariales y de la derecha política, de que Asturias sufre una fuga intensa de patrimonios elevados por la alta carga fiscal. El crecimiento de la nómina de contribuyentes en los últimos años coincidió también con una mayor presión inspectora de la Agencia Tributaria sobre el impuesto de patrimonio.