Garantizar las pensiones exige reformas de calado y un pacto social, según los expertos

Santiago Álvarez, profesor de Hacienda pública; Florentino Felgueroso, profesor de Economía; Pedro Luis Fernández, presidente de la patronal asturiana (FADE), y José Antonio Flórez Lozano, catedrático de Ciencias de la Conducta de la Facultad de Medicina, analizaron el futuro de las pensiones en el primero de los "Diálogos en Fruela con LA NUEVA ESPAÑA", organizado por el Banco Sabadell-Herrero con la colaboración del periódico. El debate contó con la participación del director general del Sabadell-Herrero, Pablo Junceda, y fue moderado por Ángeles Rivero, directora de LA NUEVA ESPAÑA.

Los especialistas coincidieron en la necesidad de acometer reformas para garantizar la sostenibilidad de un sistema que nació en una economía y una realidad demográfica distintas a las de hoy. Los cambios exigirán un pacto social, intergeneracional y político.

Florentino Felgueroso abogó por la formación continua para adaptarse al nuevo mercado laboral; Santiago Álvarez propuso una política fiscal estable para favorecer el ahorro; Pedro Luis Fernández reclamó más actividad para promover el empleo de calidad y con mejores retribuciones; José Antonio Flórez postuló permitir la prolongación de la vida laboral; y Pablo Junceda mantuvo la necesidad de mentalizar a la ciudadanía en la necesidad de ahorrar para la jubilación como complemento de la pensión pública. "Me preocupa que sólo tres o cuatro de cada diez españoles ahorran para la vejez", afirmó Junceda.

Para el profesor Santiago Álvarez, el envejecimiento plantea desafíos no sólo a las pensiones sino también al gasto público en general, aunque esto "puede afrontarse priorizando el gasto". La presión fundamental es sobre las pensiones porque "cae la población, cada vez se tarda más en entrar en el mercado laboral y abunda la precariedad y los salarios bajos". Las nuevas cortes de cotizantes "tendrán más difícil lograr una larga carrera de cotizaciones y llegar a los niveles altos de prestaciones". A su juicio, además de las actuaciones que se han hecho sobre el gasto (ampliando la edad laboral y otras), "habrá que actuar por el lado de los ingresos". Cofinanciar el sistema de pensiones con impuestos puede entrañar una "redistribución negativa": que personas con salarios bajos tengan que tributar más para que otras personas puedan mantener pensiones superiores a los salarios de quienes cotizan. Álvarez cree que habrá que universalizar ciertas prestaciones y profesionalizar otras, y, a la vez, fomentar el ahorro para la jubilación, lo que exigirá un tributación favorable o "al menos una política fiscal estable" y no sólo sobre los planes privados de pensiones. "Habrá que dar un tratamiento más amplio".

Asturias sufre un debilidad adicional porque tiene una diferencia de 10 puntos entre la renta disponible y el PIB. "Si no se hace nada, la renta asturiana caerá en 10 puntos" cuando desaparezcan los actuales pensionistas. El problema, señaló, "no es sólo la baja natalidad asturiana. También lo es la emigración de personal formado y la baja inmigración". Para Álvarez el actual sistema fue concebido para una realidad diferente (economía industrial, empleo estable y una longevidad menor) y esto aboca a una reconsideración. Pero el riesgo no pende sobre los actuales pensionistas sino "sobre la población ocupada: los recursos salen de la gente que cotiza. Se necesita creación de empleo y actividad para sostener el sistema".

Para el profesor Florentino Felgueroso, las pensiones no son sostenibles sin reformas. Un reciente estudio determinó que la economía debería crecer el 2,6% anual hasta 2050 para disipar riesgos. "Si no hubiese aumentos demográficos mediante nuevas oleadas inmigratorias (que sí se van a producir), ese crecimiento económico sólo podría producirse con un aumento de productividad, pero la economía española se ha caracterizado por el bajo crecimiento de la productividad".

En todo caso, y aun sin el problema del envejecimiento, el profesor Felgueroso opina que el sistema público de pensiones estaría igualmente "en peligro" a causa de los profundos "cambios en el mercado del trabajo".

"Necesitamos una tasa de actividad de más del 80% de la población activa y una tasa de empleo superior al 70. Y esto es complicado", señaló.

Florentino Felgueroso explicó que, más que la demografía (corregible con inmigración), el gran desafío es la mutación del mercado de trabajo. "El sistema de pensiones nació con un modelo productivo industrial diferente. Ahora el empleo y las ocupaciones van a cambiar por la digitalización, la robotización y la globalización. Sabemos qué ocupaciones desaparecerán, pero no cuáles surgirán y en qué cuantía, y, por lo tanto, también desconocemos cuál va ser el saldo neto en términos de empleo". Se estima que van a desaparecer entre el 40% (caso de EE UU) y el 55% (España) de los trabajamos que conocemos. Surgirán nuevas oportunidades, pero esto (al igual que el necesario aumento de la productividad) requiere un gran esfuerzo en formación, y España es un país con un gran abandono escolar y en el que se ha perdido la oportunidad de reciclar a la mano de obra durante la crisis: los recursos públicos destinados a formación se recortaron el 35%. Esto es dramático", afirmó.

El mundo que viene, indicó, entrañará "un cambio en las relaciones laborales, con contratación bajo demanda. Esto lo revolucionará todo. Ya no habrá una ocupación en una o varias empresas a lo largo de toda la vida, sino múltiples ocupaciones para numerosas empresas". Esto mermará previsiblemente los ingresos del sistema vía cotizaciones, apuntó. El cambio de modelo laboral y productivo que viene es "demasiado bestial" y plantea la gran incógnita de "cómo hacemos la transición: cómo pasamos de la vieja a la nueva economía. Todo va a ser distinto".

A juicio de este especialista en mercado laboral, el sistema de pensiones con el modelo de reparto "es un contrato social e intergeneracional" por el que los activos pagan con sus cotizaciones las prestaciones que reciben los pasivos. Y la crisis ha golpeado sobre todo a los activos, dado que las pensiones no han bajado. Puede plantearse, por ello, que los jóvenes se cuestionen tributar a un sistema del que podrían temer que ellos ya no vayan a ser beneficiarios en el futuro.

Felgueroso sostuvo a su vez que el impuesto al trabajo no es tan distinto en España que en otros países porque en aquellos en los que las cotizaciones al sistema público son más bajas las empresa suelen tener la obligatoriedad de hacer aportaciones adicionales a un sistema privado de jubilación para sus empleados.

Para el empresario y presidente de la patronal asturiana (FADE), Pedro Luis Fernández, el sistema público de pensiones tiene planteados dos desafíos: el paro y la actividad, que impactan en sus ingresos. Fernández sostuvo que "se necesita generar más actividad para generar más empleo, de más calidad y con mejores retribuciones". Aún así, el sistema público de previsión requerirá "una reforma para adoptar el sistema" y esto "exigirá un pacto social" y que el discurso político se dirija al largo plazo y no a las próximas elecciones".

De los factores que lastran los ingresos del sistema, el presidente de FADE cree que el paro, pese a su gravedad, será un "problema coyuntural". La actividad crecerá, basada en una mayor demanda de consumo, ocio y de una vida sexual más larga. Todo esto generará, dijo, "nuevas oportunidades", aunque ahora "es difícil verlo" porque, a causa del cambio tecnológico y del modelo productivo, entre el 40 y el 50% del empleo que se va a crear en los próximos diez años serán ocupaciones que "no conocemos".

Pero el desafío de la actividad incorpora retos "estructurales". La precariedad es una realidad nueva y "un atributo". "Cada vez se va a necesitar más flexibilidad en tiempos, tareas y horarios. Competimos en un mercado único y exigente y que nos demanda una capacidad de adaptación muy rápida. El problema es que el actual sistema de pensiones, que nació de un modelo industrial y preindustrial, no está pensado para este nuevo modelo productivo flexible", argumentó. El otro rasgo son las bajas remuneraciones salariales. Fernández teme que "hayan venido para quedarse" cuando se trata, dijo, de una situación "gravísima" y "con poca sostenibilidad, incluso ética". No obstante, apuntó que las cuotas a la Seguridad Social son altas y que esto es un "impuesto que grava al trabajo" y entraña una pérdida de competitividad para las empresas, lo que lleva a perder empleo". "La enorme elasticidad de la economía española, que crea mucho empleo en periodo de crecimiento y destruye más que nadie en las crisis, a la vez que genera una alta economía sumergida, puede tener en ello su causa", opinó.

José Antonio Flórez, catedrático de Ciencias de la Conducta del Departamento de Medicina de la Universidad de Oviedo, abogó por promover hábitos de ahorro, siguiendo el modelo escandinavo, en vez de incentivar la "cultura hedonista del consumo", y defendió la prolongación de la vida laboral: aunque sumaría presión sobre el paro, ayudaría a la sostenibilidad del sistema de pensiones y permite a las personas seguir en activo y evitar el "despilfarro" que supone prescindir de un capital profesional experimentado. "Hay empresas canadienses que prefieren contratar a personas de 70 y 80 años por su experiencia y porque son muy responsables". El envejecimiento de la población sobrecarga el sistema de pensiones pero también genera, alertó, determinados tipos de empleo y actividad ligados a esta nueva realidad.

Pablo Junceda también defendió la cultura del ahorro para la vejez, dado que "hay dudas razonables sobre la sostenibilidad del sistema público". El ahorro para el futuro fue un hábito cultural español, señaló, que se debilitó en las últimas generaciones. Su propuesta es que "tenemos que ser menos latinos y más europeos del Norte y gestionar el ahorro pensando en la jubilación".