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La fiscalidad sobre el uso del espacio público

Los concejos asturianos podrán cobrar más tasas a las empresas energéticas

Vía libre del Supremo para recaudar un gravamen sobre redes eléctricas y de gas La FACC pronostica un "importante" impacto en Asturias

Revisión desde un helicóptero de una torre de alta tensión.

Tres sentencias recientes del Tribunal Supremo han removido los obstáculos legales para que más de 5.000 municipios españoles obtengan nuevos recursos mediante el cobro de tasas a las compañías energéticas por las redes electricidad o de gas que atraviesan sus territorios. Tales resoluciones abren paso a que los ayuntamientos asturianos puedan recaudar un gravamen previsto por la ley desde 2004 pero que hasta ahora no se liquidaba de manera efectiva. La Federación Asturiana de Concejos (FACC) considera que los municipios del Principado pueden resultar particularmente favorecidos debido a la profusión de tendidos de alta tensión en una región muy intensiva en instalaciones de generación y transporte eléctrico.

Los ayuntamientos de La Coruña (Arteixo), Zamora (Villalpando) y Cáceres (Serradilla) han ganado los pleitos emprendidos contra ellos por Red Eléctrica de España (REE), Gas Natural-Unión Fenosa y Gas Galicia, que trataron de tumbar las ordenanzas municipales con las que los tres consistorios han regulado la exacción de una variante de la tasa por uso privativo del dominio público local que hasta ahora ningún otro ayuntamiento español había podido recaudar porque las compañías energéticas conseguían frenarla en los tribunales. La ley de Haciendas Locales de 2004 facultó a los municipios a cobrar a las empresas por el uso del suelo, subsuelo o vuelo del dominio público para redes eléctricas, de hidrocarburos o de aguas. La norma estableció dos fórmulas: una para aquellas empresas y redes que suministran a la localidad o a su mayor parte, que tributan el equivalente al 1,5% de los ingresos obtenidos en el concejo, y otra para el resto de compañías o infraestucturas que atraviesan el territorio.

Según las explicaciones de Ignacio García Palacios, alcalde de Navia y presidente de la Federación Asturiana de Concejos, algunos ayuntamientos de la región están cobrando la primera versión de la tasa, pero la segunda no se pudo aplicar en ninguno, al igual que ha ocurrido en el resto de España, por la dificultad para hallar una fórmula que, con encaje legal, determine el "valor de mercado" que se le da a la utilidad obtenida por las compañías con la utilización del suelo de dominio público (para instalar torres eléctricas, transformadoras u otros elementos), del subsuelo (para redes eléctricas soterradas, conducciones de gas u oleoductos) o del vuelo (para las líneas eléctricas aéreas).

A tenor de las resoluciones del Supremo, las corporaciones de Arteixo, Villalpando y Serradilla han dado con la solución gracias al asesoramiento de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). Los citados ayuntamientos fundamentaron sus ordenanzas en un modelo de estudio técnico y económico encargado por la FEMP a un gabinete jurídico especializado. El informe calcula el valor de la utilidad obtenida por la empresa considerando, no sólo el valor catastral del suelo ocupado, sino otros elementos (el valor de las instalaciones, por ejemplo) y una aproximación al aprovechamiento que consigue la empresa. En sus sentencias, el Supremo entiende, frente a las alegaciones de las compañías afectadas, que "los ayuntamientos han aplicado para determinar la base imponible y las tarifas de la tasa que regula la ordenanza impugnada unos parámetros objetivos, proporcionados y no discriminatorios que respetan las exigencias" de la ley.

"Tenemos que profundizar en el tema y determinar en la práctica cómo deben ser las ordenanzas, pero los efectos de las sentencias tienen muy buena pinta para los ayuntamientos asturianos", opinó Ignacio García Palacios. El regidor naviego y presidente de la FACC intuye que "los efectos pueden ser muy importantes para Asturias". Por su condición de gran productora de electricidad, la región está atravesada por miles de kilómetros de redes de alta tensión que en principio son susceptibles de ser gravadas por la tasa sobre el uso del dominio público. Su alcance económico podría ser millonario si se tiene en cuenta que, por ejemplo, la tarifa aprobada en Serradilla fija el cobro de hasta 12 euros al año por cada metro de línea aérea de transporte eléctrico.

La compañía con más líneas de alta tensión en Asturias es, al igual que en el conjunto de España, REE, si bien EDP-HC dispone también de tendidos de hasta 130 kilovoltios.

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